Antifraude pide a Presidencia que corrija irregularidades en contratos del comedor del Palau en el Botànic.

Importante desvelo de prácticas irregulares en la contratación de servicios de restauración y menaje en el Palau de la Generalitat entre los años 2018 y 2023 ha sido puesto de manifiesto por la Agència Valenciana Antifrau (AVAF), quien ha instado a Presidencia de la Generalitat a subsanar estas irregularidades. Se ha detectado un fraccionamiento indebido de contratos durante el mandato anterior del Botànic, y se ha emplazado a considerar la apertura de expedientes internos para esclarecer responsabilidades.

En una resolución fechada el pasado 30 de abril, Antifraude reveló que se abrió una investigación tras recibir una alerta sobre estas prácticas fraudulentas en los contratos menores de restauración y suministro de menaje en el Palau de la Generalitat. Se denunció que estas contrataciones menores se realizaban de manera recurrente y sin seguir los procedimientos adecuados, infringiendo las normativas vigentes.

Antifraude solicitó a Presidencia los 20 expedientes mencionados en la alerta, los cuales oscilaban entre distintas cantidades y estaban relacionados con reuniones de trabajo del entonces presidente Ximo Puig. Tras revisar la documentación, se determinó que se trataba de contratos utilizados para necesidades previsibles y periódicas, que se adjudicaban sin seguir el debido proceso y con solapamientos entre distintos proveedores.

En cuanto a los contratos de suministro de menaje para el comedor del Palau, se detectó que estos se habían otorgado durante tres años consecutivos a la misma empresa, sin estudios previos ni ejecución completa del presupuesto. Se concluyó que se había prescindido del procedimiento adecuado y se había incumplido la normativa de contratación pública.

Antifraude ha desestimado las alegaciones presentadas por Presidencia el mes pasado, resaltando que las contrataciones realizadas no respondían a necesidades diferentes y que se había superado el límite legal establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. Se ha instado a Presidencia a revisar los contratos investigados y a elaborar una instrucción interna para garantizar el cumplimiento de la normativa, así como a considerar la apertura de expedientes internos para depurar responsabilidades.