En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha procedido a la detención de un individuo en el aeropuerto de Barcelona, acusado de empadronar a más de un centenar de personas en una sola vivienda en Sueca, Valencia. Este hecho pone en evidencia las complejidades de la regulación de la inmigración y sus implicaciones sociales en el país.

El detenido, cuya actividad delictiva se centraba en una propiedad familiar heredada tras el fallecimiento de su padre, ofrecía el servicio de empadronamiento a cambio de un pago. Lo más sorprendente es que llegó a promover su actividad mediante anuncios en una plataforma de redes sociales, lo que plantea cuestiones sobre la facilidad con la que se pueden eludir normativas en el contexto actual.

La investigación se inició tras una revisión del padrón municipal, que reveló un domicilio en Sueca con más de cien personas empadronadas, casi todas de nacionalidad extranjera, particularmente originarias de Marruecos y Argelia. Este hecho alarmó a las autoridades, quienes decidieron profundizar en el caso para desentrañar las irregularidades detrás de esta práctica.

Tras examinar la documentación de empadronamiento, los agentes descubrieron que estos trámites se llevaron a cabo entre finales de 2021 y principios de 2023, lo que indica un esquema sostenido en el tiempo. Más preocupante aún es que el inmueble de referencia pertenecía a una persona que había fallecido en agosto de 2021, lo que condujo a la manipulación de documentos para facilitar estos empadronamientos fraudulentos.

Se constató que el hijo del propietario, en un claro abuso de su situación, había falsificado la autorización de empadronamiento, firmando en nombre de su padre y utilizando una copia de su identificación. Este método le permitió empadronar a numerosas personas en un corto periodo de tiempo, incluyendo hasta siete individuos en un solo día, sin que existieran lazos familiares entre ellos, según se detalla en el informe policial.

El propósito de estas inscripciones vitales estaba claramente orientado a la obtención del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y regularizar la situación administrativa de aquellos que se registraban, a menudo sin haber residido efectivamente en la vivienda en cuestión. Este aspecto resalta las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes que buscan una solución legal a su condición.

Testimonios de personas empadronadas en esa vivienda indicaron que tuvieron que realizar pagos en efectivo al ahora detenido una vez que culminaron los trámites administrativos. Esto sugiere un sistema organizado donde el lucro financiero juega un papel crucial, en detrimento de la integridad del sistema de registro.

Además, los investigadores encontraron indicios que sugieren que el detenido podría haber tenido conexiones con funcionarios del Ayuntamiento de Sueca, lo que podría facilitar la realización de estos empadronamientos ilegales. Esto plantea interrogantes sobre la vigilancia y control administrativo en el ámbito local para prevenir abusos similares.

El individuo detenido es un español de 35 años. Las autoridades han ampliado la investigación a otras dos personas, de 60 y 66 años, quienes son sospechosas de cometer delitos como usurpación de estado civil, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, prevaricación y cohecho en relación con funcionarios públicos.

La operación ha sido coordinada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Alzira-Algemesí, junto con la Guardia Civil de Valencia, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra la delincuencia organizada relacionada con la inmigración.

Finalmente, la Policía Nacional ha emprendido acciones sancionadoras bajo la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) 4/2000, citando artículos que reflejan la gravedad de los delitos implicados, con una posible sanción económica que asciende a 92,512 euros. Las diligencias del caso han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Sueca, donde se determinarán las responsabilidades legales de los implicados.