La escasez de fondos ha desencadenado una serie de impagos que superan los 44.000 euros, lo que ha llevado a la detención de una expresidenta de una asociación en Sant Vicent del Raspeig, en Alicante, bajo la sospecha de haber cometido un delito de apropiación indebida.

ALICANTE, 1 de enero.

La Policía Nacional ha arrestado a la antigua presidenta de una entidad asociativa en la localidad alicantina tras descubrir un desfalco que asciende a 53.716,36 euros, cifra que revela la magnitud de la crisis financiera durante su gestión. Esta situación alarmante ha sido denunciada por la representante actual de las asociaciones afectadas, quien notó una "importante merma" en las cuentas de la organización, tal como se informó en un comunicado oficial de la Jefatura.

La sombra de la irregularidad se cernió sobre la expresidenta cuando la nueva junta directiva, al intentar establecer conversaciones con las personas que su predecesora había designado como contactos en el banco, se topó con la sorprendente noticia de que esos individuos ya no trabajaban para la entidad financiera. Esta revelación, sumada al hecho de que la expresidenta era la única persona que podía realizar transacciones bancarias, planteó serias dudas sobre su gestión.

El tesorero de la anterior junta directiva, quien también habló con los investigadores, reveló que su renuncia se debió a la falta de acceso a las cuentas, ya que su función se limitaba a la elaboración de presupuestos basados en la información proporcionada por la presidenta. No contaba con la capacidad de operar en las cuentas, lo que significa que solo podía consultar saldos y notificar a la presidenta sobre los pagos pendientes, dejando en manos de ella la responsabilidad de las transferencias, de las que no tenía certeza si realmente se ejecutaban.

Con la súbita dimisión del tesorero y de otros integrantes de la junta, la expresidenta quedó en una posición única, asumiendo simultáneamente el cargo de tesorera. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2023, fue la única con acceso a las cuentas bancarias, una situación que le otorgó un control absoluto sobre las finanzas de la organización.

De esta manera, la expresidenta gestionó de forma unilateral los ingresos y gastos, sin rendir cuentas a otro miembro de la junta. Esta falta de transparencia resultó en la elaboración de balances y presupuestos que podrían considerarse "ficticios", mientras ella misma se encargaba de recibir los fondos y realizar los pagos correspondientes.

La investigación posterior a la denuncia reveló que la expresidenta había abusado de su posición para apropiarse indebidamente de 53.713,36 euros entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, a través de transferencias a sus cuentas personales.

El estado financiero de las asociaciones afectadas se volvió "paupérrimo", con una liquidez que disminuyó drásticamente de 50.000 euros a escasos 400 euros. Además, la nueva directiva se encontró con impagos que sumaban más de 44.000 euros, evidenciando una crisis considerable.

Tras reunir suficientes evidencias sobre su posible involucramiento en el caso, la Policía localizó y arrestó a la expresidenta, una mujer de 30 años de edad y nacionalidad española, como presunta autora de un delito de apropiación indebida. Toda la documentación y actuaciones realizadas han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante para su posterior análisis y juicio.