El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana se ha manifestado con urgencia sobre la necesidad de establecer un Decreto Ley que defina claramente las implicaciones tributarias derivadas de la reciente dana. Este contexto excepcional ha traído consigo tanto daños personales como pérdidas para numerosas empresas, además de un incremento en las ayudas y donaciones, lo que exige una regulación que ofrezca claridad y protección a todos los implicados.

Lola Mor, presidenta de la entidad, ha expresado su preocupación al afirmar que "no podemos permitir que una ola de solidaridad acabe generando problemas tributarios" para aquellos que han decidido ayudar desinteresadamente y para los afectados por la tragedia que requieren de apoyo en este momento crítico.

El Colegio argumenta que la situación exige un marco normativo que no solo sea claro, sino también favorable para los colectivos que han sufrido las consecuencias de la dana. Es vital que se especifique cómo contabilizar y registrar cada una de las transacciones que surgen en este contexto, para así evitar confusiones y complicaciones en los trámites fiscales.

Una de las inquietudes más relevantes para los auditores es la regulación de las ayudas y donaciones generadas tras la dana. Exigen que el nuevo Decreto Ley aclare el tratamiento fiscal de estas contribuciones, que abarcan desde donaciones de maquinaria hasta colaboraciones empresariales o ayudas económicas y en especie. Mor sostiene que "todas estas acciones deben tener un tratamiento fiscal específico, considerando que solo se justifican en el marco de la dana".

La presidenta también subraya la importancia de regular las ayudas que las empresas están proporcionando a sus empleados, ya sea en forma de adelantos de sueldo, asistencia directa o apoyo material. La falta de claridad podría llevar a que estas ayudas se clasifiquen erróneamente como gastos o donaciones, lo que resalta la urgencia de establecer un marco regulatorio que estandarice estas situaciones, siempre priorizando el bienestar de los afectados.

“En este momento, lo que demandan las personas y entidades afectadas por la dana es claridad y rapidez en los procesos, así como certeza fiscal para evitar que las pérdidas sigan generando complicaciones en el futuro”, ha defendido Mor, enfatizando la necesidad de un tratamiento legal que prevenga un retorno negativo de las ayudas por la falta de regulación.

Además, ha instado a que el Decreto Ley sea aprobado antes de que finalice el año, para incluir el ejercicio en el que han ocurrido estos eventos devastadores. "Nuestra principal preocupación es que toda la asistencia se dirija hacia la reconstrucción y recuperación de los afectados, y eso requiere seguridad", concluyó.

Víctor Alió, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ha mostrado su respaldo a las demandas de Mor, resaltando la necesidad de un marco normativo claro ante esta excepcionalidad. En su primera reunión tras la dana, el Instituto aprobó un paquete de ayudas dirigido al personal del Colegio afectado y a la Cruz Roja en su labor humanitaria en Valencia.

“Es una contribución modesta si se considera la enorme labor que queda por hacer, pero para nuestra Corporación es un hito histórico, ya que nunca habíamos tomado una decisión similar”, comentó Alió.

El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana ha decidido también destinar toda la recaudación de las suscripciones obtenidas durante el Día de la Auditoría a los afectados por la dana, en colaboración con Casa Caridad.

De forma paralela, el sector de la auditoría está igualmente preocupado por la inminente regulación de los Informes de Sostenibilidad, una medida que obligará a las empresas a evaluar y reportar su impacto social y ambiental, así como su transparencia y buen gobierno bajo estrictas normativas.

"Estamos a solo dos semanas de cerrar 2024 y las Administraciones aún no han lanzado la normativa, a pesar de que muchas empresas ya comenzaron a implementar las mediciones necesarias", señaló Mor, enfatizando la urgencia de una pronta respuesta legal.

Para el año 2024, se espera que las empresas de más de 500 trabajadores y de interés público inicien sus mediciones para presentar su informe en 2025, con una ampliación posible a empresas de más de 250 trabajadores, 40 millones de facturación o más de 20 millones en activos en los próximos años, lo que aumenta la necesidad de estar listos.

El sector de la auditoría ha solicitado, por lo tanto, una "celeridad" máxima en el proceso regulatorio, para que las empresas cuenten con la seguridad legal necesaria para afrontar el reto de la sostenibilidad. Alió agregó que, a pesar de los atrasos en la Ley de Información de Sostenibilidad, las empresas probablemente se alinearán con la Directiva al ritmo previsto, lo que requiere una preparación adecuada.

Finalmente, es relevante destacar que el sector ha crecido un 3,2% en el último año. Este crecimiento ha sido reflejado en las ventas de sellos durante los primeros diez meses, anticipando un cierre del año que supera los datos del ejercicio anterior, según fuentes del sector.