BRUSELAS, 15 de noviembre. La Comisión Europea ha confirmado que España cumplió con la presentación en 2023 de la revisión del plan hidrológico para la cuenca del río Júcar, así como su respectivo plan de gestión de riesgos de inundaciones. Esta aclaración se produce tras las críticas del Partido Popular hacia el Gobierno por la gestión de la última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Las fuentes del Ejecutivo comunitario se pronuncian así en respuesta a las acusaciones lanzadas por la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat. En un interrogante dirigido a la Comisión, Montserrat cuestionó a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien es candidata a un puesto en la Comisión Europea, sobre la supuesta falta de notificación completa a Bruselas respecto a la tercera versión del plan hidrológico y la segunda versión del plan de gestión de riesgos de inundaciones.

Es importante señalar que, aunque Bruselas decidió en febrero de este año llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber culminado la revisión de ciertos planes, esta acción no incluye a la totalidad del país. Se refiere únicamente a la situación del plan de inundaciones de las Islas Canarias, aclarando así algunos malentendidos que han surgido en torno a este asunto.

Las autoridades de la Comisión han dejado claro a Europa Press que los planes correspondientes al río Júcar no son parte del expediente que se está investigando, ya que este plan fue adoptado y publicado en 2023. "El plan del Júcar está aprobado y es de acceso público", han hecho hincapié.

En relación con la situación, representantes del Ministerio de Transición Ecológica han apuntado que el verdadero incumplimiento no recae sobre el Gobierno central en lo que respecta a las cuencas bajo su gestión, sino que proviene de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Canarias. Es vital destacar que la Unión Europea no sanciona ni inicia procedimientos en contra de comunidades autónomas, sino que lo hace contra los Estados.

Además, estas fuentes han subrayado que "intentar adjudicar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la responsabilidad por este expediente y la posible sanción es un intento engañoso de manipular la opinión pública, dado que su gestión es completamente ajena a los motivos que han generado el expediente a nivel europeo".