La situación en torno a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana ha alcanzado un punto crítico. La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado de “inaceptable” la gestión de las pulseras de protección, sugiriendo que cerca de 500 mujeres podrían estar en riesgo debido a un contrato que ella considera una “chapuza”.

El desencadenante de esta crisis fue la reciente declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien defendió la efectividad del sistema de pulseras de seguridad, alegando que 20.000 mujeres han utilizado estos dispositivos sin incidentes fatales. No obstante, Camarero ha destacado la discrepancia entre estas afirmaciones y la realidad que enfrentan muchas mujeres, quienes han experimentado situaciones de riesgo, lo que paralela con el creciente número de denuncias de agresiones y amenazas.

Durante la rueda de prensa, Camarero exigió una respuesta adecuada tanto de Bernabé como del Gobierno central, subrayando que minimizar la gravedad de la violencia de género es una irresponsabilidad que no puede ser aceptada. La portavoz del Consell subrayó que la respuesta de la delegada fue completamente insuficiente dadas las alarmantes noticias que describen situaciones de violencia que ponen en peligro la vida de las víctimas.

En su crítica, Camarero enfatizó la falta de reconocimiento de los problemas que presenta el contrato de las pulseras, señalando que es inaceptable que no se reconozcan los fallos de un sistema que se promocionó como una solución efectiva para proteger a las mujeres. Recordó que el actual Gobierno, que se autodenomina “el más feminista de la historia”, ha fallado a las mujeres que confían en estas medidas de protección.

La consellera también mencionó la controversia en torno a la ley del "solo sí es sí", que ha sido objeto de críticas por las consecuencias no deseadas que ha tenido en la reducción de penas para algunos delincuentes sexuales, lo que añade una capa adicional de vulnerabilidad para las víctimas de violencia de género.

Además, Camarero subrayó que la falta de información sobre los quebrantamientos de condena por parte de maltratadores es esencial para entender la magnitud del riesgo que enfrentan las mujeres que portan estas pulseras, argumentando que este vacío informativo no permite evaluar adecuadamente la eficacia de las medidas de alejamiento implementadas.

La portavoz del Consell insistió en que es vital que se den a conocer las estadísticas precisas de mujeres que utilizan estas pulseras, afirmando que es responsabilidad de la delegada del Gobierno proporcionar estos datos. De no hacerlo, se corre el riesgo de dejar a las mujeres desprotegidas y sin el apoyo necesario para garantizar su seguridad.

Camarero concluyó su declaración con un llamado a la acción, afirmando que es imprescindible asumir responsabilidades y encontrar soluciones concretas para abordar la violencia de género. Hizo un claro llamado a evitar la falta de transparencia y a priorizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en la Comunitat Valenciana.