VALÈNCIA, 7 de noviembre.

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha tomado una decisión significativa al declarar como personas non gratas al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, y a Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Esta medida responde a la forma en que ambos gestionaron la devastadora dana que afectó a la región el pasado 29 de octubre de 2024, así como a la falta de consideración evidenciada hacia las víctimas de este desastre natural.

El acuerdo, impulsado por el grupo político Compromís, fue aprobado en una sesión plenaria, obteniendo el apoyo de varias formaciones, incluyendo el PSPV, Vecinos de la Playa e Izquierda Unida. Aunque la propuesta original solicitaba la dimisión de Mazón, el mandatario anunció su renuncia días atrás. Finalmente, la votación se llevó a cabo y el acuerdo fue respaldado por nueve votos a favor, mientras que tres ediles de PP y Vox se mostraron en contra, según informaron fuentes del ayuntamiento.

Con esta resolución, se exige la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas y se señala la actuación de Mazón y Camarero como un claro ejemplo de desinterés y decepción hacia las personas que sufrieron de lleno las consecuencias de la dana.

Además, el acuerdo insta a la Generalitat a asegurar la máxima transparencia en la investigación sobre lo ocurrido y a revisar los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia climática grave, con miras a mejorar la seguridad y la protección de la población.

El consistorio también expresó su solidaridad con todos los afectados por la emergencia, así como su reconocimiento a los profesionales de los servicios de emergencia que se esforzaron en atender a la población durante las circunstancias críticas.

El concejal de Compromís, Alberto Valls, manifestó en el pleno que, un año después de la catástrofe, las secuelas del evento siguen latentes, afectando profundamente a las familias de las víctimas que aún esperan muestras de apoyo y reconocimiento institucional. Valls lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido, estas familias no hayan recibido la atención necesaria por parte de Mazón.

Asimismo, Valls denunció la falta de comunicación y aviso a quienes se encontraban en residencias, señalando que más allá de la responsabilidad legal que puedan imponer los tribunales, es imperativo que el Gobierno valenciano asuma su responsabilidad política y moral con total transparencia y respeto hacia las víctimas.

En reacción a esta situación, Vox presentó una enmienda que demandaba la dimisión de altos funcionarios del gobierno español, acusándolos de ignorar a los valencianos durante la crisis. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por el resto de las formaciones políticas presentes.