Desde el sector progresista, se valora positivamente el plan de conciliación propuesto por el PP, que incluye medidas como ampliar los permisos de paternidad y maternidad, así como mejorar las bonificaciones a las familias numerosas, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las familias en España.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha criticado duramente la financiación singular de Cataluña, refiriéndose a ella como una "puñalada al municipalismo", y ha llamado a la unión de las ciudades para presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional por considerar que se está vulnerando la autonomía local de los ayuntamientos.
Catalá ha destacado la urgencia de una reforma en el sistema de financiación local, especialmente ante la posibilidad del denominado "cupo catalán", que según ella perjudicaría gravemente a los municipios españoles.
La alcaldesa ha señalado que el actual modelo de financiación local es "totalmente perverso", ya que no se ajusta a las competencias municipales y relega a los ayuntamientos a pelear por recursos escasos. Además, ha alertado sobre el impacto negativo que el "cupo catalán" podría tener en los ingresos de los municipios, estimando una pérdida del 10% de los ingresos para Valencia.
En respuesta a esta situación, Catalá ha anunciado que promoverá la presentación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Constitucional si se materializa el "cupo catalán", con el objetivo de proteger la financiación de los municipios.
La alcaldesa ha instado a los alcaldes de toda España a unirse para defender los intereses municipales contra esta amenaza y ha solicitado que la Federación Española de Municipios y Provincias tenga un papel destacado en la próxima Conferencia de Presidentes, donde se tratarán temas que afectan directamente al municipalismo, como la vivienda y la financiación.
En cuanto a la Ley de Vivienda, Catalá ha criticado su impacto negativo en el mercado inmobiliario, señalando que ha reducido la oferta y aumentado los precios, y ha rechazado las amenazas del Gobierno de no proporcionar fondos a las administraciones que no apliquen la ley. Para Catalá, seguir el camino marcado por el Gobierno de Sánchez no es la mejor opción, y prefiere aumentar la oferta de vivienda asequible para combatir la especulación inmobiliaria.
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