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C. Valenciana 26 de Marzo de 2026 · 12:22h 4 min de lectura

Catalá se compromete a garantizar el derecho al descanso tras la decisión que modifica eventos en la Ciudad de las Artes.

VALÈNCIA, 26 de marzo. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reafirmado su compromiso de proteger el derecho al descanso de los residentes en las cercanías de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta declaración se produce tras una reciente decisión judicial que instó al Ayuntamiento a implementar medidas para mitigar el impacto sonoro provocado por discotecas y conciertos, que se considera que afectan la intimidad y la integridad moral de los vecinos.

En declaraciones a los medios desde Les Corts, la alcaldesa mencionó que los servicios legales del consistorio están analizando cuidadosamente la sentencia. Una vez evaluada, se actuarán según las sugerencias que proporcionen. Además, notificó que iniciará un diálogo con la Generalitat, dado que la organizadora de los eventos de la zona, CACSA, es una entidad que depende de la administración autonómica.

Este anuncio se da tras la resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València, que falló a favor de la demanda presentada por vecinos de dos edificios en las cercanías. En su dictamen, el magistrado ordenó al Ayuntamiento indemnizar a cada demandante con 3.000 euros por los daños morales sufridos.

La alcaldesa subrayó que la sentencia fue recibida el miércoles pasado y que se está revisando por los servicios jurídicos. "Vamos a seguir sus recomendaciones, pero es fundamental que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de los ciudadanos", afirmó con firmeza.

Aunque la sentencia sugiere la revocación de autorizaciones y la reubicación de festivales, aseguró que tal decisión no recae únicamente en el Ayuntamiento. "No somos nosotros quienes otorgamos las licencias ni quien decide dónde se celebran los eventos; eso es competencia de CACSA", explicó, añadiendo que el gabinete jurídico evalúa estos matices técnicos.

Por lo tanto, independientemente de la postura que tomen los asesores legales respecto a un posible recurso, Catalá enfatizó que el Ayuntamiento no tiene la autoridad para revocar permisos que no ha otorgado. También se mostró reticente a anticipar si se apelará la decisión judicial, mencionando que esa cuestión está bajo revisión por los servicios legales municipales.

Sin embargo, la alcaldesa fue clara en su mensaje: "Está demostrado que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar el derecho al descanso de los ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer", aseveró con determinación.

Para cumplir con esta misión, planea establecer un canal de comunicación con la Generalitat y CACSA. "Nuestra posición es inequívoca: defenderemos los derechos fundamentales de los vecinos y su derecho al descanso", reiteró.

Al ser cuestionada sobre las modalidaades para abordar la situación, Catalá mencionó que se están evaluando "todas las opciones", en relación a la discoteca ubicada en las cercanías del complejo, así como a decisiones sobre la ubicación de los festivales. "No dejaremos que esta problemática continúe; estamos comprometidos a hacer nuestro trabajo", enfatizó.

En cuanto a la falta de alternativas para celebrar festivales en otros lugares de la ciudad, destacó que "la prioridad son siempre los derechos de los ciudadanos", reafirmando que esta es una preocupación central para el Ayuntamiento.

La alcaldesa recalcó que, aunque CACSA tiene la autoridad para autorizar y organizar eventos, el Ayuntamiento seguirá supervisando que se respeten las normativas de contaminación acústica. "Tenemos claro que esta situación es el resultado de una resolución judicial, pero la claridad del fallo es indiscutible", manifestó, recordando que el bienestar de los vecinos debe ser la prioridad absoluta.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de trasladar festivales a La Marina, enfatizó la necesidad de "valorar todas las opciones disponibles: aforos, diálogos con los promotores", aunque evitó hacer conjeturas sobre negociaciones futuras. No obstante, fue enfática en que el Ayuntamiento cumplirá con la reposición de la decisión judicial.

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