Comienza juicio a Serafín Castellano por caso 'cártel del fuego' ante la AN.
El Ministerio Anticorrupción ha solicitado una condena de 21 años de cárcel para Serafín Castellano y más de 33 años para el principal acusado, el empresario Vicente Huerta.
MADRID, 22 Sep.
La Audiencia Nacional (AN) dará inicio al juicio este lunes contra Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, por su presunta implicación en el cártel del fuego, que el juez instructor propuso enjuiciar en 2022 junto a una treintena de personas por los presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios.
En el auto en el que la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de los acusados en noviembre de 2022, se recordó que el juez instructor describía prácticas corruptas con ánimo de lucro para alterar los términos de la concurrencia en los procesos de contratación pública, corrompiendo mediante presuntos sobornos.
El escrito de Anticorrupción, recogido por Europa Press, detalla que el fiscal solo propone juzgar a 17 personas en este caso y pide el sobreseimiento para otra quincena porque no hay motivos suficientes para considerarlos partícipes de los hechos ilícitos.
Para Castellano, el fiscal pide una condena de 21 años de prisión por varios delitos, mientras que para el principal acusado, Vicente Huerta, se solicitan más de 33 años de cárcel y multas millonarias.
El fiscal señala que los acusados cometieron múltiples conductas ilícitas en el sector de la extinción de incendios entre 1999 y al menos 2018, afectando a los intereses generales.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, explicó en junio de 2022 que los integrantes del 'cártel del fuego' habrían incrementado el gasto a favor de personas y empresas concertadas, permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales, aprobando facturaciones y favoreciendo a ciertas entidades.
Según el juez, únicamente al ex alto cargo valenciano se le realizaron regalos por un importe superior a los 163.736,02 euros, relacionados con las actividades cinegéticas.
Los empresarios y sus compañías presuntamente se repartieron el mercado de la contratación pública en el sector, acordando previamente qué empresas concurrirían en ciertas zonas y cómo se realizarían las compensaciones económicas dentro del cártel.
García Castellón destacó que estos supuestos amaños no solo se produjeron en España, sino también en otros países, generando un aumento del precio de licitación en ciertos concursos.
En la Comunidad Valenciana, se han concertado contratos por un valor total de más de 151 millones de euros entre 1999 y 2017, según informes de la IGAE.
La corrupción de funcionarios y autoridades se realizaba a través de la entrega de regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego, joyas o estancias en hoteles, generando actitudes clientelares en la administración.
Los hechos podrían constituir delitos como cohecho, organización criminal, alteración de precios en contratación pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, entre otros.