Compromís estudia impugnar la Ley de Libertad Educativa ante el Tribunal Constitucional.

La coalición político de izquierda Compromís está movilizándose para contactar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios del Congreso con el objetivo de eliminar una normativa que consideran perjudicial para la legislación estatal.

En concreto, están trabajando para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a la Ley de Libertad Educativa. Esta ley fue aprobada recientemente por el Partido Popular y Vox en Les Corts, y según un informe jurídico encargado por Compromís, esta normativa "tritura" la legislación estatal y carece de criterios pedagógicos.

Para llevar a cabo este recurso, el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso tienen hasta finales de mes para presentarlo.

Los representantes de Compromís, Joan Baldoví y Gerard Fullana, han dejado claro que van a luchar contra una ley que consideran limita la libertad de elección de los estudiantes valencianos en cuanto a la lengua en la que desean expresarse al finalizar su escolarización. Además, denuncian que la normativa se aprobó sin diálogo ni enmiendas.

El informe jurídico elaborado por Compromís señala que la ley incumple numerosas leyes estatales de rango superior, incluida la Constitución Española, la Ley Orgánica de Educación y el Estatuto de Autonomía, entre otras.

Compromís ha destacado que, a pesar de su nombre, la Ley de Libertad Educativa no promueve la libertad educativa real y ha señalado diversas lagunas y contradicciones en la normativa, que afectan tanto a los alumnos como a los docentes y las familias.

Ante esta situación, Compromís ha compartido el informe con su grupo en el Congreso y con otras fuerzas parlamentarias, así como con el Ministerio de Educación, con la esperanza de que puedan unirse en la presentación del recurso. Hasta la fecha, no hay un acuerdo definitivo con el PSOE al respecto.

Compromís se muestra optimista y confía en que, si se presenta el recurso, la Ley de Libertad Educativa será recortada o suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que consideran un paso necesario para preservar la calidad educativa y el respeto a los derechos lingüísticos de la comunidad valenciana.