CASTELLÓ, 8 de diciembre.

La formación política Compromís per Castelló ha lanzado una grave advertencia tras conocer que más de una cuarta parte de las multas que el Ayuntamiento no ha podido cobrar en 2023 están vinculadas al concejal del Partido Popular, Cristian Ramírez. Según los datos proporcionados por el propio gobierno municipal, este concejal acumula un total de 104 sanciones impagadas a pesar de sus funciones en el área de Movilidad. La coalición exige de inmediato una explicación por parte de la alcaldesa y una revisión de los procedimientos que han permitido tal situación.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado en un comunicado que "Ramírez ha evadido el pago de las tarifas de la zona azul y otras sanciones relacionadas". Ante este panorama, reclamó que "es fundamental que la alcaldesa deje de proteger al concejal y aclare cómo es posible que 104 multas desaparezcan". Garcia enfatizó que si bien es posible que un ciudadano pierda una multa, el hecho de que un político acumule tantas requeriría una investigación exhaustiva.

La formación también ha subrayado que estas 104 sanciones no figuran en el registro general de multas impagadas correspondiente a 2023, a pesar de que suponen aproximadamente el 27% del total. Esta omisión, según Compromís, pone de relieve la necesidad de esclarecer las circunstancias que rodean esta irregularidad dentro del Ayuntamiento. Por lo tanto, han decidido presentar una moción en el próximo pleno municipal para revisar los protocolos existentes y evitar que ocurrencias similares se repitan en el futuro.

Garcia ha sido claro al afirmar que "la alcaldesa Carrasco no puede hacerse la desentendida: no puede haber ciudadanos que se escapen de sus multas, y menos aún si pertenecen al PP".

En un análisis más amplio, Compromís ha observado un alarmante aumento en las multas no recaudadas en comparación con años anteriores. En 2023, se registraron 286 sanciones pendientes, número que se eleva casi a triplicarse en 2024, con más de 900 multas aún sin cobrar. La coalición considera que esta tendencia requiere una exhaustiva revisión por parte del gobierno municipal y una revaluación de sus procesos internos.

Asimismo, han destacado el alarmante incremento de recibos pendientes de IBI urbano en su periodo de voluntariado, que pasó de 11.509 en 2024 a 13.763 en 2025. Este incremento del 19,5% en solo un año es un claro indicador de ineficiencias en la gestión municipal.

Compromís concluye que estos datos revelan serios problemas de administración que el Ayuntamiento no puede seguir ignorando. Insisten en que es responsabilidad del gobierno local mejorar sus procedimientos y asegurar su eficacia, especialmente en aquellos ámbitos que impactan directamente a la ciudadanía.