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Cuatro imputados clave comparecen por el controvertido 'caso pitufeo'

Cuatro imputados clave comparecen por el controvertido 'caso pitufeo'

VALÈNCIA, 21 Ene. - El caso conocido como 'caso del pitufeo' en el PP de València lleva al banquillo, ocho años después de su inicio, al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau, antiguo colaborador de la exalcaldesa y exsenadora Rita Barberá; a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster; al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y al exconcejal y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

La causa, que comenzó a principios de 2016 con las primeras detenciones, se centra ahora en una supuesta financiación irregular del PP de València en las campañas electorales de 2007 y 2011.

La vista por este procedimiento, conocido como la pieza A del caso Imelsa, dará comienzo el próximo martes 23 de enero en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Durante el juicio, se analizarán las cuestiones previas y se escuchará el testimonio de varios expertos. Según el calendario provisional, el juicio se prolongará hasta el 13 de febrero y las declaraciones de los acusados están programadas para los días 5 y 6 de febrero.

En total, cuatro acusados se sentarán en el banquillo de los 49 inicialmente procesados, entre ellos el propio Partido Popular y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento durante el mandato de Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.

La Audiencia Provincial admitió los recursos presentados por los procesados, incluido el partido político, y dictaminó el sobreseimiento de las actuaciones para todos, excepto los cuatro acusados que finalmente serán juzgados. El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó los recursos de apelación contra los archivos acordados por el tribunal provincial.

En su momento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó hasta 15 años de prisión para Grau, quien también está siendo investigado en el caso Azud y ha sido condenado anteriormente por el Tribunal Supremo a nueve meses de prisión por aceptar regalos de lujo de parte de un empresario que firmó 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015. García Fuster podría enfrentar hasta siete años de prisión, mientras que Santón y Salinas podrían enfrentar hasta cinco años. Cabe destacar que estas cifras incluyen los años de cárcel por un delito de blanqueo, el cual finalmente no está siendo considerado en el juicio.

En el caso de Grau, se le atribuye un papel de "recaudador" de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011, según el auto del instructor. A Salinas y Santón se les acusa de cooperar en la malversación al permitir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, que tenían "poco contenido prestacional y un alto costo, sin una explicación suficiente para justificarlo".

En cuanto a García Fuster, será juzgada por presunto cohecho en las elecciones de 2011. La Audiencia ordenó que el proceso continuara en su contra debido a la "supuesta recepción de dinero de origen desconocido pero vinculado, no obstante, a pagos de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobreprecio" durante la campaña electoral de 2011.