Daños por lluvias en cultivos de siete comarcas ascienden a tres millones de euros, según organizaciones agrarias.
En Valencia, el impacto de las fuertes lluvias del pasado domingo ha dejado una estela de devastación en el campo, con daños estimados en tres millones de euros según las organizaciones agrarias La Unió Llauradora y AVA-Asaja. Esta primera evaluación ha puesto de relieve los serios estragos en los cultivos de varias comarcas de Valencia y Alicante.
Las lluvias, que en algunos casos fueron acompañadas de granizo, afectaron a aproximadamente 23.000 hectáreas de cultivo. Las áreas más golpeadas incluyen la Ribera Alta, Ribera Baixa, l'Horta Sud, la Safor, la Vall d'Albaida y la Costera, así como la Marina Alta en Alicante, donde los agricultores están lidiando con pérdidas desmesuradas.
Entre los cultivos más perjudicados se encuentran los cítricos aún en espera de ser recolectados, así como el caqui y diversas hortalizas, especialmente la patata. La Unió ha alertado sobre el riesgo de enfermedades fúngicas debido a la humedad excesiva, que además afecta gravemente a los cítricos por el impacto del granizo y el fenómeno conocido como 'pixat'.
Asimismo, los costes adicionales que conllevarán los tratamientos con fungicidas se suman a la situación crítica. En el caso del caqui, se necesita evaluar el impacto de las lluvias en las frutas que aún deben cosecharse, mientras que la tierra y las infraestructuras de riego han sufrido considerables daños debido al arrastre de tierras.
A pesar de la crisis, se señala que en otras áreas las lluvias han sido beneficiosas, ya que permiten la recuperación de las reservas de agua y reducen la necesidad de riego. Además, estas lluvias pueden favorecer la calidad de los cítricos al engrosar sus frutos y limpiar los árboles de posibles plagas.
La AVA-Asaja también ha advertido que el atrazo en la recolección debido a las inclemencias meteorológicas podría resultar en la pérdida de más de 75.000 toneladas de cítricos. Las pérdidas económicas por esta situación ascienden a 28 millones de euros, intensificando la crisis de rentabilidad que enfrentan los productores.
La organización ha denunciado un incremento en los "incumplimientos" de contratos por parte de algunos actores del mercado, quienes no han recogido la fruta a tiempo. Como resultado, muchas frutas han comenzado a presentar problemas de 'pixat' y pudrición.
Además, las lluvias y el granizo, aunque de menor tamaño, han causado daños significativos en cultivos de varias localidades como Simat de la Valldigna, Barxeta y Quatretonda, con repuntes de siniestros en Torrent, Alginet y Sueca, entre otros lugares. A pesar de ello, algunas variedades de cítricos están mostrando buenos resultados, mientras que esta situación se sigue evaluando con respecto a los frutos pendientes de cosechar.
Los terrenos dedicados a hortalizas se encuentran en condiciones "impracticables", y los agricultores esperan que el clima mejore en los próximos días. Aunque en términos de riego los agricultores podrían beneficiarse, enfrentan la presión de incurrir en gastos adicionales por tratamientos fungicidas.
A raíz de esta crisis, ambas organizaciones han solicitado a Agroseguro que acelere las evaluaciones necesarias para que los agricultores puedan recibir compensaciones rápidamente. La Unió también planea pedir una distribución urgente de productos fungicidas para mitigar el riesgo de hongos y abogar por la eliminación de franquicias en los seguros agrarios relacionados con situaciones extremas.
También se requiere de acciones directas por parte de la Generalitat, demandando el establecimiento de bases que permitan la entrega inmediata de ayudas para aquellos explotadores afectados. Entre otras propuestas, se sugiere la condonación del IBI en parcelas cultivadas y diversas bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y en el IRPF para quienes hayan sufrido pérdidas severas.
Asimismo, las organizaciones insisten en la necesidad de líneas de crédito preferenciales para respaldar a los agricultores en esta situación. Por su parte, AVA-Asaja ha exigido un endurecimiento de los controles de la ley de la Cadena Alimentaria para asegurar que los productores no sufran abusos por parte de los intermediarios comerciales.
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