El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha llevado a cabo una investigación penal y denunciado administrativamente a un grupo de personas acusadas de participar en una red criminal que sacrificaba ilegalmente ganado destinado al matadero. Estas acciones se realizaban con la intención de vender la carne de manera ilegal.

La investigación, conocida como 'operación Chiqueros', comenzó con una inspección en una explotación ganadera en Alicante donde se encontraron 100 animales ovino y caprino. Estos animales estaban heridos, desnutridos y en condiciones higiénicas y sanitarias extremadamente malas. Además, se descubrió que habían sido ilegalmente privados de sus crotales, lo que impedía su identificación.

Gracias a la identificación de algunos animales a través de un bolo ruminal, se pudo determinar que provenían de diferentes explotaciones en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha. Estos animales debían haber sido trasladados a un matadero en Cartagena (Murcia) para su sacrificio, según los documentos oficiales, pero nunca llegaron a ser llevados allí.

Posteriormente, se descubrió otra explotación en Cox (Alicante) donde se encontraron otros 200 animales en condiciones similares. Algunos de estos animales procedían de explotaciones que habían dado positivo por tuberculosis.

La investigación reveló que tres personas habían formado un grupo criminal especializado en este tipo de actividades. Presuntamente, falsificaban los documentos veterinarios de transporte de los animales hacia el matadero oficial de Cartagena, incluso en algunos casos cuando las autoridades sanitarias habían ordenado su destrucción. Sin embargo, en lugar de enviarlos al matadero, los desviaban ilegalmente a las explotaciones de Alicante y Cox, donde eran sacrificados para su venta irregular.

En algunos casos, los animales habían sido robados de las explotaciones originales. En otros casos, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que recibirían en el matadero, y luego la banda recuperaba esa diferencia a través de la venta ilegal de la carne.

Como resultado de la operación, se inmovilizaron un total de 305 animales que tuvieron que ser sacrificados y destruidos debido al riesgo de contagio y a la falta de trazabilidad y tratamiento veterinario. Diez personas fueron investigadas penalmente por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Además, otras doce personas fueron denunciadas administrativamente por infracciones en la Ley de Ganadería de la Comunidad Valenciana, las cuales podrían conllevar multas de hasta 1.200.000 euros.

Las autoridades competentes han recibido las diligencias del caso y la operación ha contado con la colaboración de diferentes organismos, como la Conselleria de Agricultura, para la identificación y saneamiento de los animales encontrados en las explotaciones clandestinas.