En un impactante hecho que destapa la problemática de la pesca ilegal en la región, un establecimiento en la comarca del Baix Vinalopó, Alicante, ha sido objeto de una intervención de la Guardia Civil que resultó en la retención de 59 kilos de productos pesqueros. Estos alimentos, que se encontraban a la venta al público, carecían de la documentación necesaria que garantizara su origen, el método de captura empleado, los controles sanitarios, y el estado de conservación en el que se encontraban.

El Instituto Armado, en un comunicado oficial, subrayó que estas deficiencias podrían poner en peligro la salud de los consumidores. Fue gracias a la colaboración ciudadana que, el pasado 22 de noviembre, la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Elche pudo recibir información sobre una posible actividad ilegal relacionada con la venta y almacenamiento de pescado en el mencionado restaurante.

Los agentes, al actuar con celeridad tras recibir el aviso, realizaron una inspección minuciosa en el local, donde descubrieron múltiples irregularidades vinculadas a los productos que estaban resguardados en arcones congeladores y frigoríficos industriales. Las incautaciones incluyeron 33,9 kilos de pulpo, 11,43 de sepia, tres de calamar, 1,78 de atún, además de gambas y otras especies marinas, algunas de las cuales podrían no haber alcanzado la talla mínima permitida para su captura y comercialización.

Los alimentos confiscados fueron entregados a la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, la cual se encargará de llevar a cabo las acciones necesarias para atender esta situación. A su vez, el Centro de Salud Pública de Elche fue notificado sobre los riesgos que conlleva el consumo de alimentos que no han sido debidamente sometidos a los controles sanitarios pertinentes.

El dueño del establecimiento ahora se enfrenta a un expediente sancionador por infracciones graves a la Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, lo que podría traducirse en multas que ascienden hasta los 60.000 euros. Además, la Ley 14/1986, General de Sanidad, también le podría acarrear sanciones de hasta 4.000 euros.

La Guardia Civil ha enfatizado que la pesca y comercialización ilegal de productos del mar representa un severo riesgo para el medio ambiente, ya que no solo vulnera las normativas vigentes, incluyendo los períodos de veda y los límites de captura, sino que también ignora las tallas mínimas requeridas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Además, se destaca que la falta de controles sanitarios no solo pone en peligro la salud de los consumidores, al abrirles la puerta a sufrir intoxicaciones o enfermedades, sino que también contribuye a un fraude fiscal que impacta negativamente a la Hacienda pública, haciendo evidente la necesidad de adoptar medidas drásticas para combatir este tipo de prácticas ilícitas en la pesca.