En una macrorredada sin precedentes, las autoridades han detenido a 28 individuos y están investigando a 30 más como parte de una operación que ha destapado una compleja red criminal internacional. Esta operación comenzó con la detención de un sospechoso en València y ha revelado el impacto devastador de las estafas relacionadas con la venta fraudulenta de mascotas, afectando a aproximadamente 250 víctimas en España.

La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha logrado desmantelar esta inquietante trama delictiva que ha defraudado a las víctimas por un monto que supera los 150.000 euros. Las investigaciones, que se mantienen abiertas y en curso, podrían llevar el número total de delitos relacionados a cerca de mil, según informan fuentes del Instituto Armado.

Durante este operativo, denominado 'Canmoney', se han aclarado 681 delitos, que incluyen 335 casos de estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 60 casos de blanqueo de capitales, entre otros. Este resultado pone de manifiesto la magnitud de la actividad delictiva asociada a esta organización, que ha logrado mover un volumen significativo de dinero a través de transacciones con criptomonedas.

La trama delictiva había recaudado más de 35 millones de euros mediante operaciones con criptomonedas, además de ingresar más de tres millones de euros en efectivo en distintas localidades españolas. Esta red operaba bajo el disfraz de la venta de perros de compañía, ofreciendo estas mascotas a precios que rondaban los 500 euros en diversas plataformas de compraventa.

Para ganarse la confianza de los incautos compradores, los estafadores enviaban documentos de identidad obtenidos de otras víctimas, creando una fachada creíble. Sin embargo, tras el primer pago, exigían una segunda transferencia, y aquellos que se negaban a cumplir eran objeto de amenazas graves, incluyendo mensajes intimidatorios y fotos de armas para coaccionar el cumplimiento del pago correspondiente al envío de los animales que jamás llegaron a recibir.

El operativo se inició tras recibir una denuncia por una estafa relacionada con la compra de una mascota que nunca fue entregada. A raíz de esta denuncia, las pesquisas condujeron a la detención del primer implicado en la provincia de València, actuando como el catalizador de una vasta investigación que sigue en desarrollo.

Las criptomonedas se utilizaban como una "herramienta estratégica" que complicaba la tarea de las fuerzas del orden para rastrear los fondos ilícitos, permitiendo en muchos casos su integración en el sistema financiero legítimo. Un elemento crucial en esta investigación fue el papel de un propietario de locutorio, quien, aprovechan su negocio y conocimiento del sector, actuaba como testaferro en España para la organización criminal.

Este individuo y su pareja lograron ingresar aproximadamente tres millones de euros a través de cajeros automáticos distribuidos por diversas provincias del país. Posteriormente, este dinero era convertido en criptomonedas y enviado a múltiples direcciones, dificultando aún más su rastreo por las autoridades.

En los niveles más bajos de la jerarquía de esta organización, varias personas localizadas tanto en España como en Colombia eran responsables de abrir cuentas bancarias para recibir los fondos de las estafas. En un peldaño superior de la organización, los miembros se encargaban de gestionar el dinero, transformarlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones descentralizadas, con el apoyo de otros miembros situados en Colombia y Camerún que ocupaban posiciones de liderazgo.

Hasta ahora, se han realizado doce registros, de los cuales nueve se llevaron a cabo en suelo español y tres en Colombia. Durante estas diligencias, se han incautado dispositivos móviles utilizados para perpetuar las estafas, así como vehículos, ordenadores, contadores de billetes, efectivo, billeteras frías de criptomonedas, armas de fuego ilegales, y documentación relacionada con las actividades delictivas de la red.

La operación 'Canmoney' ha sido el resultado de una cooperación internacional entre la Guardia Civil, la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, y Europol, destacando la importancia de trabajar juntos para combatir el crimen organizado que trasciende fronteras.

Las víctimas de esta red se han identificado en un impresionante número de 43 provincias españolas, abarcando desde Zaragoza hasta Cádiz, mostrando el amplio alcance de las estafas y el impacto negativo que ha tenido en la comunidad. Con el respaldo de las autoridades, esta operación marca un paso importante hacia la justicia para aquellos que se han visto atrapados en esta red de engaños.