ALICANTE, 4 de enero.

En un hecho alarmante que resalta los desafíos que enfrentan los ciudadanos extranjeros en situación irregular, la Policía Nacional ha detenido en Alcoi (Alicante) a una mujer que se enfrenta a serias acusaciones relacionadas con la vulneración de derechos humanos. La detenida, supuestamente involucrada en delitos de estafa y coacciones, se dedicaba a ofrecer un servicio de empadronamiento en su propia residencia a personas extranjeras que no contaban con la documentación adecuada, exigiendo a cambio sumas que en ocasiones superaban los 700 euros.

La investigación comenzó cuando los agentes tomaron conocimiento de que un hombre extranjero, también en situación irregular, había denunciado haber caído en las redes de esta mujer. En su testimonio ante una ONG local, describió cómo su casera lo había estafado y amenazado tras cobrarle 700 euros por realizar un trámite de empadronamiento que debió ser gratuito. Este testimonio desencadenó una serie de pesquisas para corroborar las denuncias y dar seguimiento a la situación del afectado.

Durante las gestiones, los investigadores lograron contactar con la víctima, quien reveló que, desde su llegada a España, la mujer había ofrecido su apoyo a cambio de un pago, utilizando engaños que lo llevaron a creer que necesitaba sus servicios para permanecer legalmente en el país. Este hombre relató que la detenida le exigió más de 800 euros para realizar diversas gestiones, incluyendo el empadronamiento y la obtención de su tarjeta de identificación de extranjero, además de otros trámites que, según se ha demostrado, eran en realidad gratuitos.

Cuando el afectado se percató de que los trámites que le cobraban no implicaban ningún coste, confrontó a la mujer, lo que desencadenó una reacción hostil. La arrestada lo echó de su hogar y lo amenazó con denunciarlo no solo por su situación migratoria, sino también por supuestos delitos de violencia de género, a pesar de que no existía ninguna relación sentimental entre ambos. Intimidado y temeroso de su situación, el hombre optó por abandonar el lugar, lo que subraya la desesperación en la que se encuentran muchas personas en circunstancias similares.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes descubrieron a otra víctima: una mujer extranjera que también arrendaba un apartamento a la detenida. Esta mujer reveló que, con el fin de regularizar su situación en España, había pagado la exorbitante suma de 1.300 euros a su casera por conceptos relacionados con el empadronamiento, así como por obtener su tarjeta de extranjero y otros documentos que deberían haber sido gratuitos.

Al ahondar en los registros relacionados con la vivienda, los agentes identificaron al menos a tres personas adicionales en situaciones similares, quienes, al igual que las otras víctimas, habían sido empadronadas sin haber residido jamás en el inmueble y habían sido objeto de cobros fraudulentos por servicios que no debieron tener un costo.

Las autoridades afirmaron que la mujer se aprovechaba de la vulnerabilidad y falta de conocimiento del idioma de sus víctimas, quienes, en muchas ocasiones, no eran conscientes de que dichos trámites no debían implicar ningún gasto. Esta práctica representa una violación clara de los derechos de los ciudadanos extranjeros y evidencia la necesidad urgente de crear mecanismos de protección más robustos para aquellos que se encuentran en situaciones de precariedad.

Finalmente, tras ser identificada, la mujer, de nacionalidad argelina y 24 años de edad, fue arrestada y enfrentará cargos por delitos contra los derechos de los extranjeros, estafa y coacciones. Posteriormente, fue puesta a disposición de la justicia, donde se continuará con las diligencias pertinentes para esclarecer el caso y garantizar que se haga justicia por los daños sufridos por estas víctimas.