En un contexto donde la mayoría absoluta es esencial para avanzar en la legislación, el voto de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, se convierte en un elemento crucial en el debate sobre la quita de deuda a las comunidades autónomas.

Micó ha dejado claro que su apoyo a este proyecto de ley dependerá de la inclusión de medidas que compensen la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. La diputada ha manifestado su disposición a no respaldar la iniciativa si no se atienden estas reivindicaciones, lo que pone de manifiesto las tensiones internas dentro de su propio grupo, especialmente con su colega Alberto Ibáñez, quien se encuentra en Sumar. Ibáñez ha solicitado también un aumento significativo en la condonación de la deuda, pero asegura que no obstruirá el avance del proyecto si se mantiene la cifra inicial propuesta por el Gobierno.

Según fuentes cercanas a Micó, su apoyo al proyecto se condiciona a la aceptación de sus propuestas por parte del Ejecutivo. En una rueda de prensa en el Congreso, Micó anunció su intención de negociar directamente en relación a la reducción de deuda autonómica, enfatizando que, al ser una ley orgánica, se requiere una mayoría clara de 176 votos para su aprobación, por lo que su postura se torna esencial para el Gobierno.

La diputada criticó abiertamente la postura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al calificar su enfoque sobre el endeudamiento de la Comunidad Valenciana como injusto y excesivamente arbitrario. Según su análisis, el anteproyecto respaldado por el Consejo de Ministros sume a Valencia en una situación de desventaja en lo que respecta a la quita de deuda.

Micó enfatizó que no aceptará que el Gobierno presente una quita de 11.200 millones como un favor, dado que la mayor parte de la deuda valenciana proviene de la infrafinanciación. Asegura que es fundamental que se acepte la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para calcular el impacto de la infrafinanciación en todas las comunidades, buscando así caminos que eliminen esta situación injusta.

“No es aceptable que el Estado nos haya despojado de 47.000 millones de euros en total y que ahora nos ofrezcan una parte de nuestro propio dinero como si fuera un regalo”, subrayó Micó, insistiendo en la necesidad de abordar el problema de la infrafinanciación de manera seria.

Además, se dirigió a las críticas que provienen del Partido Popular y del presidente valenciano, Carlos Mazón, señalando que su postura en contra de la quita de deuda responde más a un "seguimiento" de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a un interés real por los valencianos.

Al haber pasado al Grupo Mixto, Micó no se ve obligada a seguir la disciplina de voto de Sumar, lo que permite que su enfoque sea más exigente respecto a los intereses de la Comunidad Valenciana en las negociaciones con el Gobierno.

Por su parte, Alberto Ibáñez también ha criticado la negativa del Gobierno a atender las alegaciones que presentaron los ministros de Sumar para incrementar la condonación de la deuda hasta 18.000 millones. A pesar de su desacuerdo, Ibáñez ha indicado que no se opondrá al proyecto de ley en caso de que sus demandas no sean aceptadas, ya que considera que es fundamental mantener un enfoque pragmático en la política.

Reconociendo sus diferencias con Micó sobre la estrategia de negociación, Ibáñez ha expresado su compromiso de intentar maximizar la condonación, dejando claro que entre las opciones disponibles, él apoyará la cifra que mejor beneficie a la Comunidad Valenciana.