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Educación otorga un plazo de diez días para recoger opiniones sobre la normativa de consulta de lengua base.

Educación otorga un plazo de diez días para recoger opiniones sobre la normativa de consulta de lengua base.

La Fampa-València y Escola Valenciana han expresado su desacuerdo con la reciente decisión de la Conselleria de Educación de iniciar el proceso de consulta para elegir la lengua vehicular en las escuelas justo durante el período navideño, cuando los colegios están cerrados y las familias disfrutan de sus vacaciones. Estas organizaciones critican lo que consideran un "oscurantismo" por parte de la administración educativa en esta cuestión crucial.

En un anuncio realizado el 23 de diciembre, la Conselleria de Educación, bajo la dirección de José Antonio Rovira, reveló el establecimiento de un trámite de audiencia pública para que las familias puedan expresar su preferencia sobre la lengua en la que desean que sus hijos e hijas estudien. A partir de este martes, se ha concedido un plazo de diez días para presentar alegaciones, lo que ha generado una ola de críticas.

El anuncio se formalizó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y establece un plazo que comienza en plena temporada navideña, lo que, según los representantes de Fampa-València, dificulta de manera significativa la participación de los padres y madres. En un comunicado, la federación señaló que “fijar un plazo de alegaciones durante las vacaciones familiares no solo genera tensión innecesaria, sino que también impacta negativamente en un sistema educativo que ya enfrenta momentos delicados”.

El presidente de Fampa-València, Rubén Pacheco, criticó la falta de sensibilidad y planificación de la Conselleria, recordando que la comunidad educativa aún se recupera de las consecuencias de la dana, que ha dejado a muchos en una situación vulnerable. "Forzar la toma de decisiones en este momento no es adecuado", reiteró Pacheco, quien además exigió que se amplíe el plazo de alegaciones, proponiendo que este se extienda hasta después de las festividades.

El portavoz de la federación manifestó que es vital mostrar respeto hacia el sistema educativo y hacia las familias, advirtiendo que la forma en que se está llevando a cabo este proceso solo genera incertidumbre y malestar. También reiteró su oposición a una normativa que no garantiza la presencia del valenciano como lengua vehicular, advirtiendo que esto perpetúa desigualdades lingüísticas en el sistema educativo.

En respuesta a esta situación, Escola Valenciana ha instado a la ciudadanía a participar en el procedimiento de alegaciones, facilitando un documento editable para que personas y organizaciones puedan expresar su opinión. Este documento no solo solicita la retirada del proyecto de consulta, sino que también critica que el debate se esté centrando en la elección entre valenciano o castellano, obviando aspectos pedagógicos fundamentales.

Entre las preocupaciones manifestadas en este documento, se encuentra la garantía de la libertad de elección de lengua para las familias, que, según argumentan, no se asegura en la práctica. El texto se encuentra disponible para quienes deseen presentar su alegación, con la opción de incluir sus datos personales y la fecha de firma.

Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana, también puso de relieve que el inicio del proceso durante las vacaciones escolares es un obstáculo para la participación de los consejos escolares y la comunicación de los centros educativos con las familias. Usó calificó esta situación como una muestra del "oscurantismo" que rodea la Ley Rovira.

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, se sumó a las críticas, acusando a la Generalitat de intentar tramitar la consulta con una urgencia inusual, calificando el proceso como una "estafa" que busca excluir la enseñanza en valenciano del sistema educativo. Según Fullana, las fechas elegidas para el trámite buscan minimizar la participación ciudadana, al estar plenamente conscientes de que no habrá actividad lectiva en las escuelas.

Finalmente, Fullana considera que la consulta es una farsa disfrazada bajo el pretexto de la libertad educativa, afirmando que, en última instancia, ni una sola familia podrá estar segura de su elección de modelo educativo en el momento de la matrícula.