VALÈNCIA, 12 de diciembre.

El Consell ha dado un paso significativo al aprobar la tramitación urgente de un nuevo decreto que busca transformar la convivencia en el sistema educativo valenciano. Este documento establece que las agresiones y ofensas hacia el profesorado se considerarán faltas graves, abordándose como ataques a la autoridad docente.

En una sesión reciente, el pleno del ejecutivo autonómico declaró la urgencia de este decreto promovido por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Las autoridades subrayan que esta medida es fundamental para fortalecer la protección de las víctimas en el ámbito escolar y reforzar la autoridad del profesorado.

La administración regional enfatiza que esta decisión permitirá que un nuevo marco normativo entre en vigor más rápidamente, adaptándose a las necesidades actuales de los centros educativos, del cuerpo docente, del alumnado y de toda la comunidad escolar.

Con el fin de modernizar la gestión de la convivencia en los colegios, la nueva norma incluye medidas pensadas para abordar el aumento de incidentes y reconocer la importancia de la figura del docente en los procesos educativos.

Uno de los aspectos más destacados es la declaración de faltas graves para aquellas agresiones, injurias o ofensas dirigidas al profesorado durante el ejercicio de su labor, tratándose de un enfoque que busca proteger la dignidad y el respeto hacia el profesorado.

Además, el decreto establece una regulación más estricta sobre el uso de dispositivos móviles en los centros educativos, una demanda frecuente de la comunidad educativa que pretende reducir su impacto negativo en el aprendizaje y el ciberacoso, promoviendo así un entorno emocionalmente saludable para los estudiantes.

La pertinencia de esta cuestión ya ha sido evidenciada, según los datos recogidos tras la Resolución de 17 de abril de 2024, que mostró mejoras significativas en las dinámicas escolares.

La norma también contempla la implementación de medidas educativas temporales, un procedimiento conciliador y un proceso disciplinario que garantice plazos ajustados, incluyendo un trámite urgente para los casos más severos, facilitando así una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Se simplificarán también los procesos a través del desarrollo de un módulo específico en la plataforma Itaca, que permitirá a las escuelas llevar un seguimiento digital eficiente de todas las fases del expediente disciplinario.

El decreto se diseñó con un enfoque inclusivo, reconociendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo puede agravar la responsabilidad en casos de conflicto.

Asimismo, se impulsarán programas respaldados por evidencia científica que promuevan el bienestar, prevengan la violencia y atiendan la salud mental, además de abordar la prevención de delitos de odio, integrándose en un marco que prioriza la igualdad de trato y la no discriminación.

Se tiene previsto que esta nueva normativa entre en vigor el 7 de enero de 2026, una vez que concluya su tramitación urgente.