En una clara respuesta a las devastadoras consecuencias de la DANA, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública esta mañana, 6 de noviembre, una ambiciosa iniciativa destinada a mitigar los efectos de esta catástrofe natural. Con un presupuesto total de 10.600 millones de euros, el plan incluye diversas ayudas directas, medidas fiscales y laborales, así como líneas de avales respaldadas por el Gobierno, orientadas a pymes, autónomos y familias que se han visto afectadas por la calamidad.

Este extenso real decreto, que abarca casi 50 páginas y ha sido firmado tanto por el Rey Felipe VI como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalla todas las acciones aprobadas por el Consejo de Ministros el día anterior. Las medidas están diseñadas para restaurar la normalidad en las áreas impactadas por el fenómeno meteorológico y forman parte del 'Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de la Comunitat Valenciana'.

El plan se implementará a partir de mañana y se presentará en el Congreso para su debido debate y convalidación. Los beneficios alcanzarán a 78 municipios, la mayoría de ellos en la Comunidad Valenciana (75 en la provincia de Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). Aunque el Gobierno estima que el paquete ascenderá a 10.600 millones de euros, este monto se ajustará según las necesidades que vayan surgiendo.

Entre las respuestas directas contempladas, se incluye una línea de avales bajo el nombre de ICO-DANA, que dispondrá de un total de 5.000 millones de euros. Esta herramienta permitirá a pymes, autónomos y, por primera vez, a familias solicitar créditos con el respaldo del Gobierno para hacer frente a los gastos derivados de la catástrofe.

Las ayudas se traducen en cuatro veces más en comparación con las previstas en la ley para casos de fallecimiento, incapacidad, daños materiales y en viviendas, sin establecer límites de ingresos. Así, se prevén compensaciones de hasta 72.000 euros en casos de incapacidad, mientras que la reparación de viviendas podría recibir entre 20.000 y 60.000 euros. Para la reposición de muebles y electrodomésticos dañados, se ofrecerán hasta 10.300 euros, y en el caso de las comunidades de vecinos, la ayuda ascenderá hasta 37.000 euros.

Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Ministerio de Economía, comenzará a abonar a partir de hoy las indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han sufrido la pérdida de sus vehículos a causa de la DANA.

Las ayudas directas para pymes y trabajadores autónomos suman un total de 838 millones de euros, distribuyéndose 5.000 euros para autónomos, mientras que las empresas podrán recibir entre 10.000 y 150.000 euros. Simplemente proporcionando su número de cuenta bancaria, los beneficiarios podrán comenzar a percibir estos fondos en menos de un mes, afectando positivamente a alrededor de 65.000 autónomos y 30.000 empresas.

Asimismo, se ha diseñado la línea de avales ICO-DANA por valor de 5.000 millones de euros, de la cual se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones. Además, se establecerá una prestación por cese de actividad para autónomos que equivaldrá al 70% de su base de cotización, permitiendo el acceso a esta ayuda sin necesidad de cumplir con el periodo mínimo de cotización requerido, y sin mermar sus futuras prestaciones.

Notablemente, los trabajadores y autónomos que padezcan daños físicos o psicológicos por la DANA podrán acogerse a una incapacidad temporal extraordinaria, considerada como accidente laboral, garantizando el 75% de su salario desde el inicio de su incapacidad. Adicionalmente, se prevé un aumento del 15% durante tres meses para quienes perciban el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.

Por otra parte, las reformas laborales implican que las empresas afectadas que decidan suspender temporalmente la actividad de sus empleados a través de un ERTE estarán exentas del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de su plantilla, al menos hasta febrero de 2025. Además, los ciudadanos y las pymes con hipotecas o préstamos al consumo podrán posponer el pago total de sus créditos durante tres meses, y deberán abonar únicamente los intereses durante un periodo adicional de nueve meses.

En cuanto a las medidas fiscales adoptadas, se ha previsto la exención del IBI para el ejercicio 2024, una reducción del IAE correspondiente al mismo año, y la eliminación de tasas de Tráfico y Policía al gestionar la baja de vehículos dañados o al sustituir documentos de identidad. Asimismo, las ayudas por daños personales estarán exentas de tributación en el IRPF, y se aplazará el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025 para aquellos afectados, un alivio que beneficiará a unos 200.000 contribuyentes. También se planean reducciones en IRPF e IVA para las explotaciones y actividades agrarias dentro de la zona afectada.

El Gobierno ha asumido el compromiso de cubrir el 100% de los gastos de emergencia incurridos por los ayuntamientos afectados, así como hasta el 50% de los costos de las obras necesarias para reparar la infraestructura y los servicios, tales como carreteras, instalaciones deportivas y centros cívicos, en los meses y años venideros.

Asimismo, se implementará un refuerzo en los juzgados y en los equipos de notarios y registradores de la propiedad, facilitando a los ciudadanos certificar la ubicación de sus bienes inmuebles a través de tecnologías satelitales de la manera más sencilla y eficaz posible.