El CGPJ propone aumentar el número de plazas de juez debido al incremento de casos de violencia de género.

En València, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carmen Llombart ha destacado el aumento de la litigiosidad en España, especialmente en casos de violencia de género, lo que ha generado un déficit estructural significativo de jueces. Para abordar esta situación, se propone la creación de 290 plazas anuales para garantizar una respuesta eficaz y oportuna a los ciudadanos.

Según un estudio prospectivo realizado por el CGPJ para los próximos 10 años, se ha solicitado al Ministerio de Justicia aumentar la creación de plazas de jueces. Se enfatiza que, más que la infraestructura judicial, lo realmente necesario son estas plazas para agilizar el proceso judicial y no hacer esperar a los ciudadanos durante años para resolver sus casos.

Carmen Llombart también ha resaltado la importancia de las comisiones provinciales de coordinación de violencia sobre la mujer, aunque se ha señalado la necesidad de mejorar algunos aspectos, como la falta de medios personales, especialmente jueces, para garantizar un adecuado funcionamiento y respuesta a las denuncias.

Un desafío actual es el incremento de las denuncias por violencia de género, lo cual no necesariamente indica un aumento de la violencia, sino que las víctimas confían más en buscar justicia. Es vital contar con una planta judicial adecuada para hacer frente a esta creciente litigiosidad y garantizar una respuesta efectiva en estos casos.

En cuanto a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho de vivienda, se proponen medidas como el desalojo de ocupantes de viviendas en procedimientos penales por allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles. Además, se aborda el tema de la "inquiokupación" y se plantea la inclusión del delito leve de usurpación de bienes inmuebles en los juicios inmediatos, entre otras propuestas para fortalecer la protección de la vivienda.

Por último, se subraya la importancia de adaptar los convenios de colaboración entre el CGPJ, las entidades locales y las CCAA a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, para identificar situaciones de vulnerabilidad en desalojos por ejecuciones hipotecarias y desahucios, y adoptar medidas sociales para proteger a las personas vulnerables en estas circunstancias.