VALÈNCIA, 17 de noviembre. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha expresado su descontento ante la falta de progresos en la reforma del sistema de financiación autonómica durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Merino ha instado al Gobierno a presentar una propuesta que sea realmente negociable y no impuesta de manera unilateral.

En un comunicado emitido tras su participación en el CPFF, la consellera subrayó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado su intención de elaborar un nuevo modelo de financiación en los próximos dos meses. Sin embargo, Merino ha solicitado claridad sobre el volumen de recursos adicionales que el Estado estaría dispuesto a asignar a este nuevo sistema y los criterios que se utilizarán para asegurar su distribución equitativa entre las diferentes comunidades.

La consellera enfatizó la necesidad de un fondo transitorio de nivelación que permita que las comunidades con menor financiación alcancen, al menos, la media del sistema. Para la Comunitat Valenciana, este fondo significaría un aumento anual superior a 1.800 millones de euros en financiación, lo cual es vital para atender las necesidades de su población.

Merino destacó que la reforma debe ser el resultado de un consenso amplio y basado en datos técnicos, alejado de intereses territoriales o partidistas. "No se trata de regiones ni de siglas políticas; se trata de asegurar que toda la ciudadanía acceda a servicios públicos de calidad. Todo lo demás es solo ruido", aseveró.

Además, criticó al Gobierno de España por haber convertido el CPFF en un "instrumento que favorece sus propios intereses", relegando la reforma del sistema de financiación y enfocándose en presentar objetivos de estabilidad financiera que, según ella, no prosperarán debido a la falta de respaldo parlamentario.

Merino también urgió al Gobierno central a aclarar la situación del Fondo de Liquidez Autonómico Extraordinario (extraFLA), que ha sido esencial para cubrir el déficit de las comunidades autónomas. La consellera ha expresado su preocupación por la falta de explicaciones del Gobierno sobre la continuidad de este mecanismo, el cual es fundamental mientras se abordan las reformas necesarias.

Recordando que la Generalitat se ha visto obligada a buscar financiación privada por la no habilitación del extraFLA este año, Merino dejó claro que no considera esta solución como permanente, pero es esencial en el contexto actual. "Eliminarlo sin una alternativa sólida significaría desamparar a los cinco millones de valencianos", afirmó.

En su intervención, Merino puso de manifiesto la "incoherencia" del marco fiscal vigente, al señalar que el Gobierno debe adaptar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a las nuevas normativas europeas en este ámbito, ya que existe una discrepancia significativa entre la regla de gasto nacional y la comunitaria.

Según sus afirmaciones, la Comunitat Valenciana será una de las pocas autonomías que cumpla con la regla de gasto en 2025, pero se enfrentará a un déficit debido a la insuficiencia de ingresos, no por gastar por encima de sus capacidades. "Estamos preparados para respetar el techo de gasto, pero aun así, nuestro déficit se ha vuelto estructural debido a un sistema de financiación injusto que persiste desde hace dos décadas", criticó.

Merino añadió que resulta incomprensible un régimen que penaliza a quienes cumplen con los requisitos, mientras que otras autonomías que sobrepasan estas normas terminarán en superávit gracias a ingresos superiores.

La consellera concluyó subrayando que el déficit estructural de la Comunitat Valenciana no es consecuencia de un gasto excesivo, sino de un problema persistente de ingresos, resultado de un modelo de financiación que ya no es efectivo. "No gastamos más de lo que podemos; es el Estado el que no provee los fondos necesarios", recalcó.

Finalmente, según los datos más recientes, la Comunitat Valenciana recibió en 2022 una media de 3.148 euros por habitante ajustado, en comparación con los 3.367 euros de media nacional y los 4.163 euros de Cantabria, que es la comunidad mejor financiada. Este desfase ha llevado a la Generalitat a acumular un déficit estructural y una creciente deuda, afectando la capacidad de ofrecer servicios esenciales como salud, educación y servicios sociales. Actualmente, la Comunitat Valenciana ostenta la mayor deuda en porcentaje del PIB entre las comunidades del régimen común, superando el 40%.