En València, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha anunciado que la Generalitat está analizando la sentencia que exonera a Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas vinculadas a Francis Puig, de la devolución de 170.000 euros a la administración pública. Merino ha afirmado que están considerando presentar un recurso "para evitar que los valencianos tengan que pagar por la ineficacia del Consell anterior".

"Este Consell continúa sorprendiéndose al ver los límites a los que pudo llegar la ineficacia y la mala praxis en muchas acciones del Gobierno anterior. En este caso, se trata de 170.000 euros de todos los valencianos por unas subvenciones al socio del hermano de Ximo Puig que nunca se deberían haber concedido", ha declarado la consellera en un comunicado.

La portavoz del Consell se ha referido a las cuatro sentencias del TSJCV que eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, propiedad de los socios en el negocio audiovisual de Francis Puig, de reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros mencionados en concepto de subvenciones debido a que la Conselleria de Educación los reclamó fuera de plazo.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado los recursos presentados por Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas vinculadas a Francis Puig, lo que significa que no tendrán que devolver más de 170.000 euros en subvenciones concedidas al fomento del valenciano por el anterior Consell. La sala considera que los plazos administrativos para resolver esa devolución habían caducado.

De esta manera, el alto tribunal ha estimado los recursos presentados por ambas empresas de comunicación audiovisual vinculadas al hermano del expresidente de la Generalitat y ex secretario general del PSPV, Ximo Puig, contra las resoluciones de la Conselleria de Educación que ordenaban a esas empresas devolver subvenciones por un importe total superior a los 170.000 euros. "Estas sentencias, que no abordan el fondo del asunto, explican que la Conselleria encabezada entonces por Vicent Marzà pudo haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la devolución de las subvenciones", ha destacado el Consell.

Según Merino, esto "le habría permitido al anterior Consell abrir un nuevo expediente de reintegro al encontrarse dentro del plazo de cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones". "Después de un año completo para reclamarlas, a la Conselleria de Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamarlas fuera de plazo en lugar de caducar el expediente e iniciar uno nuevo porque en ese momento había posibilidades", ha explicado Ruth Merino.

La consellera de Hacienda ha señalado que la Abogacía tiene 30 días desde la notificación de las sentencias para llevar a cabo "todos los pasos" y evaluar la posibilidad de interponer un recurso que permita "recuperar hasta el último céntimo de los valencianos".