La vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha reafirmado el compromiso de la Generalitat de cumplir estrictamente con la Ley de Memoria Democrática de España en la Comunitat Valenciana, como parte de su deber inquebrantable.

En el pleno de Les Corts, en respuesta a una pregunta del PSPV sobre la retirada de vestigios del franquismo, Camarero ha respaldado la ley de "concordia" impulsada por PP y Vox, argumentando que es posible defender tanto a las víctimas de la dictadura como a las de ETA de manera compatible.

Además, ha criticado al PSOE por "blanquear a los herederos" de la banda terrorista, vinculándolo con los resultados de las elecciones vascas, y ha señalado que es el Gobierno quien incumple la ley de memoria al no haber desarrollado ni el catálogo de vestigios ni una comisión técnica en un año y medio.

La diputada socialista Mercedes Caballero ha cuestionado si la ley de concordia permitirá devolver la cruz de los caídos a Callosa de Segura o la estatua ecuestre de Franco en la plaza del Ayuntamiento de València, denunciando posibles homenajes a figuras controvertidas.

En su respuesta, Caballero ha instado a que los vestigios franquistas sean eliminados sin ambigüedades, criticando a los representantes del PP por mostrarse "transversales en todo" en temas que no admiten medias tintas.

En contraposición, la vicepresidenta ha reprochado al PSPV por centrarse en asuntos "anacrónicos" en lugar de priorizar lo verdaderamente relevante. Ha reiterado el compromiso de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y ha aseverado que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien incumple dicha normativa.

Ha defendido la necesidad de una ley de concordia que no establezca jerarquías de víctimas, recordando la importancia de no olvidar ni las víctimas del franquismo ni los crímenes de ETA. Ha compartido una experiencia personal sobre el impacto de la violencia de la banda terrorista en su entorno y ha acusado a los socialistas de buscar limpiar su conciencia al tiempo que blanquean a los herederos de ETA por conveniencia política.