La controversia en torno al recorte presupuestario a la Acadèmia Valenciana de Llengua (AVL) ha generado discrepancias significativas, especialmente después de que el Defensor del Pueblo decidiera no presentar un recurso de inconstitucionalidad. Esta decisión se basa en la afirmación de que la AVL sigue cumpliendo con su misión de normalización del valenciano, a pesar de las drásticas reducciones financieras que ha enfrentado.

El pronunciamiento de Ángel Gabilondo, que llega en respuesta a una solicitud del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, destaca la importancia de preservar la autonomía de la institución. Aunque no se ha optado por el recurso, Gabilondo recomienda a la Generalitat que ajuste su presupuesto para proteger el funcionamiento de la AVL, que ha visto una disminución del 25% en sus fondos, pasando de casi 4 millones a menos de 3 millones de euros.

La evaluación de Gabilondo pone de manifiesto que los recortes han afectado diferentes partidas, con reducciones notables en los gastos de personal y en bienes corrientes, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad operativa de la academia. A pesar de esto, subraya que no existe la obligacion legal de que el Consell acepte en su totalidad el presupuesto propuesto por la AVL, lo que abre un debate sobre la autonomía y la autoridad del Consell en este contexto.

En este marco, Gabilondo resalta que las modificaciones realizadas no infringen de manera evidente las normativas estatutarias de la AVL. Sin embargo, advierte que la afectación de su presupuesto podría limitar su capacidad para funcionar de manera efectiva, cuestionando la integridad y la autonomía de la institución.

Un aspecto que ha llamado la atención es la inclusión de un nuevo capítulo en el presupuesto dedicado a subvencionar la restauración de un edificio vinculado a una asociación cercana a la lengua valenciana, lo cual ha suscitado críticas sobre el uso de fondos y la transparencia del proceso. Gabilondo sugirió que existen alternativas que no comprometan gravemente la autonomía de la AVL y pidió que se inicien los trámites para corregir este déficit presupuestario.

Desde la Acadèmia, se valora positivamente la recomendación del Defensor del Pueblo, pero la institución expresa su desacuerdo respecto a la decisión de no apelar a la inconstitucionalidad. Considera que los daños provocados por los recortes merecen una respuesta jurídica más contundente para restaurar la autonomía que consideran lesionada por estas modificaciones.

El informe elaborado por la AVL sostiene que las alteraciones introducidas en el presupuesto no solo ponen en riesgo su autonomía orgánica y funcional, sino que podrían amenazar la propia existencia de la academia. Esta afirmación pone en evidencia un conflicto entre los recursos financieros y el compromiso del Estado con la protección y promoción de su lengua y cultura.

La situación suscita importantes reflexiones sobre la jerarquía normativa y los derechos lingüísticos, ya que las reducciones presupuestarias se considerarían una violación de principios clave establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. De este modo, la AVL sostiene que la ley de presupuestos, en su forma actual, infringe fundamentalmente las normas que rigen su creación y funcionamiento, demandando una revisión integral de cómo se gestionan los recursos destinados a la cultura y la lengua valenciana.