24h Valencia.

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El exalcalde de San Antonio de Benagéber es absuelto por la Audiencia al no encontrar indicios de prevaricación.

El exalcalde de San Antonio de Benagéber es absuelto por la Audiencia al no encontrar indicios de prevaricación.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido absolver al exalcalde del Partido Popular de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, al exsecretario interventor de la misma localidad y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y abogado en activo, José Antonio Sancho Sempere, de un delito de prevaricación en relación a unas contrataciones.

El tribunal ha tomado esta decisión basándose no solo en el hecho de que haya prescrito el delito, sino también porque no ha encontrado carácter delictivo en los hechos enjuiciados en la Audiencia el pasado mes de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Los hechos ocurrieron durante el mandato de Cañizares como alcalde de San Antonio de Benagéber, entre los años 1997 y 2015. El caso se centraba en la asunción, por parte de Sempere, de manera exclusiva desde 2003, de la representación legal del Ayuntamiento de San Antonio en varios litigios. Esta designación fue realizada verbalmente por el exalcalde.

El importe total del servicio facturado ascendió a 146.063,89 euros, que fueron pagados completamente por el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

Los acusados argumentaron durante el juicio que estas contrataciones se llevaron a cabo debido a una situación de urgencia, ya que con la segregación, el Ayuntamiento de Paterna transfirió cientos de casos judiciales al nuevo municipio, y era necesario presentarse y realizar los trámites correspondientes para evitar perjudicar los intereses de la nueva corporación.

El tribunal considera que esta explicación es válida y creíble. Además, señala que las facturas corresponden a procedimientos iniciados en los años 1996 y 1997, lo que indica que los acuerdos se llevaron a cabo en esa época. Aunque se argumente que estos acuerdos podrían no ser legales, el tribunal no considera que sean lo suficientemente ilegales como para ser considerados prevaricación administrativa, sobre todo teniendo en cuenta la justificación ofrecida.

Por otro lado, la Audiencia Provincial determina que, de haberse cometido el delito, habría prescrito. Basándose en el tiempo transcurrido desde los acuerdos de 1997 hasta el inicio del proceso judicial, más de diez años han pasado, por lo que el delito de prevaricación está prescrito.

En conclusión, la Audiencia considera que no se puede atribuir prevaricación a los acusados y que los acuerdos adoptados hace más de 20 años fueron transparentes y conocidos por todos los miembros del ayuntamiento. Además, destaca que el pago de las facturas no puede considerarse como actos para eludir la prescripción y que en sí mismas no son injustas, sino todo lo contrario.