En València, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha expresado su pesar por la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de no extender más allá de 2025 las ayudas para las personas desplazadas debido a la crisis migratoria provocada por la invasión de Ucrania. El Gobierno central argumenta que son las administraciones locales y autonómicas las responsables de cubrir los gastos de atención a estas personas.

De acuerdo con Quinzá, la Generalitat ha informado al Gobierno en dos ocasiones sobre la situación de estas ayudas y la urgencia de mecanismos que permitan ampliar la financiación para apoyar a los beneficiarios del régimen de protección temporal afectados por la guerra en Ucrania y que carecen de recursos económicos suficientes.

Con más de 42.000 personas acogidas, la Comunitat Valenciana es la región que ha recibido mayor número de población desplazada desde el inicio del conflicto en Ucrania.

La secretaria autonómica ha destacado que la llegada masiva de desplazados por la guerra sobrecargó el sistema de acogida diseñado por el Gobierno de España, lo que obligó a las autoridades autonómicas y locales a realizar un esfuerzo extraordinario para proporcionar asistencia a la población proveniente de Ucrania.

Quinzá ha enfatizado que el objetivo principal ha sido atender a estas personas desde el principio y facilitar su integración al ofrecer servicios públicos esenciales como atención médica, educación para niños, y orientación laboral.

Desde 2022, el Gobierno central ha destinado 20,4 millones de euros a la Comunitat Valenciana para financiar ayudas directas y respaldar las acciones realizadas por las administraciones locales en favor de las personas desplazadas.

La Generalitat, desde entonces, ha concedido 8.907 ayudas y ha colaborado en la inserción laboral de muchos de los afectados por el conflicto, reduciendo así su dependencia de la asistencia social.

A pesar de esto, más de 20.000 desplazados todavía requieren apoyo y asistencia por parte de la administración, tanto en la búsqueda de trabajo como en el acceso a sus necesidades básicas.

Ante el anuncio de no prorrogar las ayudas, el Consell ha manifestado su preocupación y ha subrayado la importancia de seguir apoyando a las familias refugiadas que carecen de recursos, sobre todo dado que la guerra sigue en curso y el retorno a Ucrania no parece factible en este momento.

Quinzá ha explicado que la afirmación del Gobierno de que los servicios sociales autonómicos y locales deben hacer frente a la situación, y la referencia a medidas de apoyo financiero existentes, como las rentas mínimas de inserción y el Ingreso Mínimo Vital, choca con la infrafinanciación que sufre la Comunitat, lo que dificulta brindar ayuda a las personas vulnerables que han huido de su país debido a la invasión.

A pesar de la situación, Quinzá ha asegurado que seguirán en contacto con los refugiados y el cuerpo consular en la Comunitat para abordar sus necesidades y trabajar juntos en ofrecer asistencia a las familias acogidas en la región.