El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha anunciado su decisión de recurrir ante diversas instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas relacionadas con la Memoria Histórica, las cuales han sido impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Consideran que estas medidas van en contra de los valores establecidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada durante la pasada legislatura por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno a elevar esta controversia ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, así como ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, según han indicado fuentes de Moncloa.

Además, el Ejecutivo ha manifestado que, de no retirarse los puntos de las iniciativas que consideran contrarias a la Ley de Memoria, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno también tiene previsto acudir a los relatores de Naciones Unidas para que evalúen la conformidad de estas medidas con los estándares internacionales de Derechos Humanos, y en la Eurocámara promoverán debates en el pleno del Parlamento a través del Grupo de los Socialistas y Demócratas.

En el Consejo de Europa, se invocará la posible violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos y se solicitará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para abordar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades gobernadas por PP y Vox.

Además, el Gobierno informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos sobre la situación, solicitando la elaboración de un informe detallado sobre la memoria democrática en España frente a las leyes de derogación aprobadas por los gobiernos autonómicos de PP y Vox.