El Gobierno español tiene la mirada puesta en la implementación de un nuevo modelo de financiación autonómica que podría entrar en vigor el próximo año. Para ello, se han programado encuentros bilaterales con cada comunidad autónoma para discutir los pormenores del sistema antes de dar luz verde en el Consejo de Ministros y enviarlo al Congreso.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha expresado en una rueda de prensa que "esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil para hacer realidad este modelo el año que viene", destacando la urgencia y la importancia de esta reforma para el Ejecutivo.

El próximo 14 de enero, la ministra convocará una sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se explicará a las comunidades autónomas la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, buscando fomentar un diálogo colaborativo y constructivo.

Después de esta reunión inicial, Montero planea llevar a cabo encuentros técnicos bilaterales con los gobiernos autonómicos, con el fin de detallar los elementos del modelo y permitir que las comunidades propongan ajustes o mejoras que consideren necesarias.

La ministra ha señalado la importancia de encontrar un consenso, reconociendo que en ocasiones ha habido discrepancias notables entre comunidades autónomas del mismo signo político. Por esta razón, ha instado al Partido Popular a adoptar una "posición única" sobre el tema, criticando la falta de cohesión entre diferentes líderes regionales dentro de la misma fuerza política.

Montero considera que sería "difícil" que los grupos parlamentarios, especialmente el Partido Popular, se opongan a este nuevo modelo de financiación, dado que se destinarán el 70% de los recursos a las comunidades bajo su administración.

Sin embargo, si el Partido Popular no se encuentra satisfecho con la propuesta del Gobierno, la ministra ha manifestado que están abiertos a discutir alternativas que puedan surgir de su parte.

En relación con el partido Junts y su solicitud de un "cupo catalán", Montero estima que la nueva reforma representa un avance significativo hacia las demandas de mayor autogobierno y recursos que ha expresado el grupo independentista.

Una vez que se concluyan las reuniones con las comunidades, el Gobierno planea someter la propuesta de la ley orgánica a audiencia pública. Posteriormente, el Consejo de Ministros la aprobará en una segunda lectura y la enviará al Congreso, donde se espera obtener el apoyo necesario.

La ministra ha subrayado que todos estos elementos deben integrarse en una ley orgánica formal, que supere la normativa de financiación autonómica anterior. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, este nuevo texto legal podría estar listo en unos dos meses, marcando así un paso decisivo hacia la actualización del sistema de financiación regional.