Un reciente informe ha revelado un incremento inesperado de costos superior a un millón de euros en un convenio relacionado con la construcción de la estación de tren en Albal, firmado por el exministro José Luis Ábalos y Isabel Pardo de Vera, quien era presidenta de Adif.

VALÈNCIA, 29 de julio.

El juez a cargo del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido incluir en la investigación dos informes provenientes de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Estos documentos apuntan a supuestas irregularidades que involucran tanto el mencionado sobrecoste en el proyecto ferroviario, como la falta de aprobación de las cuentas de la fundación Fiadelso en varios ejercicios.

En una resolución fechada este martes y divulgada por Europa Press, se ha ordenado que se faciliten copias de los informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de modo que puedan ser considerados en el desarrollo de la investigación.

La AVAF se puso en contacto con el magistrado tras tener conocimiento de los avances en el caso y decidió remitir dos expedientes que podrían ser relevantes para el proceso judicial en curso.

El primer expediente aborda el desarrollo de la estación de tren de Albal. Los inicios de esta construcción se remontan a un Protocolo de Colaboración firmado en mayo de 2011, durante la gestión del entonces ministro de Fomento, José Blanco, del Partido Socialista.

Posteriormente, en 2019, se formalizó un convenio entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, que fue rubricado por el alcalde local y la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, mientras José Luis Ábalos ocupaba el cargo de ministro.

En el transcurso del expediente, la AVAF destaca lo que considera "diversas irregularidades", que provocaron que el Ayuntamiento de Albal pagara más de un millón de euros extra comparado con el costo real de la obra y los justiprecio de las expropiaciones, lo que se debió en gran medida a la cifra del contrato adjudicado a la empresa constructora.

Según los hallazgos de la agencia de control, este contrato fue adjudicado durante el mandato del ministro Ábalos, y parte de su financiación provenía de fondos europeos. Entre las irregularidades más serias identificadas se resalta el incumplimiento de las normas del Patricova, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana.

La situación se complica aún más, dado que la inauguración de la estación no ocurrió en los plazos establecidos, debido a los efectos de una riada que afectó la zona en otoño de 2024, justo cuando la obra iba a ser oficialmente recibida.

Ante la próxima necesidad de aprobar la certificación final de la obra en marzo de 2025, el juez se cuestiona la legalidad de la recepción de la obra, que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2024, ya que no cumplía con los requisitos estipulados por la ley de ordenación de la edificación.

La estación de tren de Albal finalmente se inauguró en febrero de 2025, después de realizar las reparaciones necesarias a causa de los daños ocasionados por la riada. La AVAF se encontró con la imposibilidad de investigar cómo se adjudicó y ejecutó la obra, dado que ello implicaba indagar en las actuaciones de Adif, un organismo cuyo ámbito de competencia supera sus capacidades.

Por otra parte, la AVAF dio a conocer al juez la existencia de un segundo expediente, relacionado con la fundación Fiadelso. Este documento concluye que la fundación podría estar en causa de disolución debido a la no aprobación de sus cuentas entre los años 2016 y 2020, por parte de su Patronato.

De acuerdo con la información recopilada en el expediente, no se han llevado a cabo investigaciones adicionales, ya que estas se considerarían de carácter prospectivo. Sin embargo, se ha identificado a los miembros del Patronato de Fiadelso desde 1992 hasta la actualidad.

Este segundo expediente podría ofrecer a los investigadores una visión sobre la evolución de la fundación y el papel de sus patronos en el periodo comprendido entre 1992 y 2023.