En València, la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha solicitado la igualdad salarial para 33.000 funcionarios de Justicia en la Comunitat Valenciana, los cuales, según denuncia, han sido olvidados por el Gobierno central.

El Grupo Popular ha presentado una propuesta legislativa en la que insta al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para mejorar la situación salarial de los funcionarios de Justicia en la Comunitat Valenciana, ya que, según afirma, "el acuerdo del Ministerio, a pesar de las demandas de los funcionarios, no afectará a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia".

"Es imperativo desde el punto de vista social y laboral, contribuyendo a garantizar la calidad y la imparcialidad en la prestación del servicio público", ha destacado Chulià, según informa la formación en un comunicado.

Chulià ha asegurado que "el Gobierno debe incluir en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas específicas del Ministerio, trasladadas con la antelación debida a todas las Comunidades Autónomas, para atender las demandas salariales de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional".

En esta línea, la portavoz adjunta ha exigido al Gobierno de España que "asuma sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de la Administración de Justicia, ya sea en territorios transferidos o no transferidos".

Chulià ha afirmado que "se deben asumir las responsabilidades y negociar los términos de las propuestas salariales para los más de 40.000 funcionarios cuyas funciones y competencias están regidas por normativas de competencia exclusiva del Gobierno de España".

"Queremos que el Gobierno de Sánchez no ignore a las autonomías como lo ha estado haciendo, y que presente un plan de compensación económica ante las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, para resolver los retrasos causados por conflictos laborales generados por los cambios normativos impulsados por el Gobierno", ha concluido Chulià.