VALÈNCIA, 11 de enero.- La situación en el ámbito sanitario valenciano se ha transformado en un campo de batalla político, donde el portavoz del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, Rafa Simó, ha destapado lo que él califica como un escándalo millonario. Según Simó, las concesiones sanitarias de 2025, otorgadas por el Gobierno de Carlos Mazón, fueron aprobadas de manera irregular al margen de un informe del Consell Jurídic Consultiu y en desacuerdo con las recomendaciones de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria, tal como señala el reciente informe de la Sindicatura de Comptes sobre 2024, el primer año completo de la gestión del PP y Vox en la Generalitat.

Simó no ha dudado en llamar a esta actuación una "irregularidad escandalosa" y ha reclamado la comparecencia inmediata del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que explique las circunstancias que rodean a estas liquidaciones, que, según él, habrían beneficiado a empresas privadas en detrimento de la sanidad pública en medio de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

El diputado también ha solicitado acceso al expediente completo y a los documentos de la Intervención de la Generalitat en relación con las liquidaciones de varias concesiones, que van desde Elx-Crevillent hasta la Ribera. Según Simó, estas concesiones se han originado a medida para favorecer a las empresas que han gestionado la sanidad en la Comunidad Valenciana tras su privatización.

El portavoz socialista ha criticado fuertemente el comportamiento del expresidente Mazón y del conseller Gómez, quienes, afirma, han presumido de haber saldado liquidaciones pendientes sin mencionar los sobreprecios desproporcionados favorecidos a las concesionarias, lo que explica por qué estas no han impugnado las liquidaciones.

Simó ha puesto de manifiesto que, conforme a lo indicado por la Sindicatura de Comptes, las liquidaciones anuales del Consell de Mazón han inflado considerablemente la cápita, un coste por habitante que refleja un gasto sanitario extraordinario debido a la pandemia entre 2020 y 2021. Asimismo, ha destacado que la actualización de esta cápita, que debería ajustarse al presupuesto de Sanidad, se ha realizado de manera inapropiada en función de dicho gasto extraordinario, lo que generaría un enriquecimiento desmedido de estas empresas.

El diputado subraya que la lección que se archiva es que aceptar este aumento extremo en el gasto tendría repercusiones negativas en presupuesto futuros y a la duración de las concesiones, haciendo hincapié en que el Consell debería haber consultado al Consell Jurídic Consultiu antes de proceder a firmar liquidaciones que favorecen a las empresas.

Simó considera que el conseller actúa más como un promotor de intereses privados que como un defensor de la salud pública, detallando cómo los costes de las operaciones se han disparado en el contexto de privatización, multiplicando el presupuesto inicial casi por tres.

Desde las filas del PP, la portavoz de Sanidad, Nieves Martínez, ha contraatacado afirmando que las liquidaciones en cuestión han sido fiscalizadas de forma rigurosa y que su gestión se ha llevado a cabo con criterios técnicos y objetivos. Según ella, fueron necesarias para cumplir con las obligaciones administrativas y no se hicieron caprichosamente, sino bajo la normativa del Consell Jurídic Consultiu.

Martínez ha defendido la transparencia de las acciones del conseller Gómez, asegurando que todos los procedimientos fueron llevados a cabo conforme a las directrices legales y que todas las liquidaciones se realizaron con la supervisión necesaria para proteger los recursos públicos de los valencianos.

Finalmente, ha enfatizado que la gestión actual, al comparar con la administración anterior, ha sido notablemente más eficaz, con un saldo favorable de más de 300 millones de euros en liquidaciones en el periodo reciente, desestimando así acusaciones de irregularidad y enfatizando la necesidad de decisiones firmes y transparentes en el manejo de la sanidad pública.