El PSPV exige la destitución de Mazón por considerar su situación "insostenible" y "inaceptable" para la democracia.
El día de la dana ha sido objeto de intensas críticas hacia el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pues el momento de su comida con una periodista se sitúa precisamente en el intervalo en que se produjo el apagón en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), un hecho que muchos consideran profundamente inquietante.
En este contexto, el PSPV-PSOE ha manifestado su preocupación sobre la gestión de Mazón durante la tormenta del 29 de octubre, argumentando que su destitución no es solo un tema de responsabilidad política, sino una necesidad imperiosa de higiene democrática. Esta acusación fue pronunciada por el síndic socialista, José Muñoz, en una rueda de prensa llevada a cabo en Les Corts, donde enfatizó la gravedad de la crisis y la posibilidad de que muchas vidas se hubieran salvado si se hubiera actuado de manera más certera.
Muñoz, al detallar el momento crítico del apagón, subrayó que la comida de Mazón y el apagón en el Cecopi parecen coincidir de manera alarmante. Destacó que esta situación deja una evidente sombra sobre la voluntad de la Generalitat en la gestión de emergencias, sugiriendo que la falta de coordinación pudo haber contribuido a la magnitud de la tragedia.
Ante esta situación caótica, el líder socialista ha acusado a Mazón de "aferrarse al cargo" en un momento donde la ciudadanía exige respuestas claras. Muñoz se comprometió a continuar su lucha por la verdad, enfatizando que la población valenciana tiene no solo el derecho, sino la necesidad de entender qué ocurrió en aquellas horas cruciales durante la tormenta.
Los socialistas se encuentran particularmente alarmados no solo por el apagón de CECOPI, sino también por la eliminación de grabaciones que podrían arrojar luz sobre lo sucedido. Muñoz ha expresado su temor de que esta falta de transparencia recuerde a situaciones previas donde el PP, ante crisis importantes, optó por la manipulación informativa en lugar de proporcionar claridad.
Por otro lado, la solicitud del PSPV para que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, compareciera ante Les Corts ha caído en el vacío, lo que Muñoz lamenta profundamente, ya que se considera esencial conocer su versión sobre la crisis durante esas horas fatídicas.
El socialista ha incidido en que, en el momento de la comida de Mazón, ya había comunidades afectadas, y el presidente estaba ilocalizable en un contexto de emergencias severas. Esta situación plantea interrogantes sobre a qué autoridades se comunicó y por qué no se prestó atención a los informes de su Conselleria.
Muñoz ha sugerido que si existieran registros del CECOPI, se contarían con datos más claros sobre lo que realmente ocurrido. Sin embargo, lo que ha quedado manifiesto es la ausencia de Mazón en un momento crítico donde su liderazgo era esencial.
Respecto a la remodelación del Consell, el líder socialista ha observado que Mazón está intentando realizar cambios como una maniobra de distracción en lugar de resolver la crisis que enfrenta. Considera que la situación actual refleja una clara incapacidad de gestión, sugiriendo que los cambios en el gabinete podrían ser un intento de eludir la responsabilidad.
A lo largo de sus declaraciones, Muñoz ha manifestado que tanto su partido como la sociedad valenciana no se detendrán hasta que Mazón sea destituido o renuncie a su cargo. Así mismo, ha reiterado la disposición del PSOE para dialogar con otros líderes políticos para facilitar este cambio en la presidencia de la Generalitat.
Finalmente, el portavoz del PSPV se ha hecho eco de la importancia de mantener un debate político abierto respecto a la reconstrucción post-dana, recordando que los representantes en Les Corts están allí para salvaguardar la soberanía popular y tienen el deber de hacer escuchar las distintas perspectivas, especialmente las de la sociedad civil.
Por otra parte, Muñoz ha insinuado que la obstinación de Mazón por mantenerse en el poder podría estar ligada a revelaciones recientes sobre contratos por 36 millones de euros asignados a empresas que han financiado al PP, un hecho que claramente añade un nuevo nivel de complejidad a la situación actual.
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