En medio de la creciente tensión política en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular (PP) ha criticado a los socialistas por su aparente falta de responsabilidad en relación al caso de Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Por su parte, Vox no ha dudado en calificar a la situación como el accionar de una "banda mafiosa y criminal".

El PSPV, representado por su síndic José Muñoz, ha manifestado su compromiso de respetar el curso judicial en el que se encuentra involucrado Francis Puig, quien se enfrenta a un juicio por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones dirigidas a fomentar la lengua valenciana. Muñoz ha subrayado que, en contraste con los años de gobierno del PP, en su administración no hay individuos en el banquillo de los acusados.

El caso ha escalado en la opinión pública después de que el juez de instrucción número 4 de Valencia dictara la apertura de juicio oral contra Francis Puig y su socio, Juan Enrique Adell Bover, por presuntas estafas y falsedades documentales en relación con subvenciones recibidas entre 2015 y 2018. El magistrado ha impuesto a ambos fianzas que superan los 147.000 euros, lo que añade presión al caso.

Desde el bloque de Compromís, Joan Baldoví ha sido claro en su postura, pidiendo que se permita que la justicia siga su curso y subrayando, al mismo tiempo, que este asunto se relaciona exclusivamente con las acciones de un empresario, y no con irregularidades cometidas por el gobierno del Botànic en el que participaron.

Sin embargo, el PP, a través de su síndic Juanfran Pérez Llorca, insiste en que los socialistas buscan "echar tierra" sobre el asunto y no asumir lo que consideran una responsabilidad política. Llorca ha comparado la situación con el escándalo Nóos, sugiriendo que podría haber repercusiones graves.

El debate se intensifica, con peticiones de dimisión dirigidas hacia Ximo Puig por parte del PP, quien actualmente ejerce otra función pública como embajador en la OCDE. La crítica hacia su gestión se amplía al incluir a otros miembros destacados, como el exministro José Luis Ábalos, quien también está bajo el escrutinio judicial por su presunta implicación en un escándalo de corrupción.

Desde el lado más radical, Vox, a través de su líder José Mª Llanos, ha descrito la situación como un claro reflejo de "una trama mafiosa" vinculada al PSOE. Este partido ha argumentado que el hecho de que se abra juicio oral y se impongan fianzas es un indicativo claro de que los casos de corrupción persisten dentro de las filas socialistas, aunque han manifestado que respetan la presunción de inocencia.

Llanos incluso ha expresado su falta de sorpresa ante la posibilidad de que el exministro Ábalos enfrente una condena significativa, insinuando que los indicios disponibles hasta ahora podrían justificar su encarcelamiento inmediato si la justicia así lo determina.