VALÈNCIA, 27 de diciembre.

El Síndic de Greuges ha lanzado un claro llamado al Ayuntamiento de València para que entregue a Compromís un listado completo de los apartamentos turísticos que han sido clausurados desde que María José Catalá asumió la alcaldía.

Esta recomendación surge a raíz de una queja formal interpuesta por la coalición, que sostiene que no se ha proporcionado la información solicitada. El 20 de mayo de 2025, la alcaldesa afirmó haber ordenado el cierre de cerca de un millar de apartamentos turísticos ilegales desde el inicio de su mandato. Ante estas declaraciones, Compromís exigió un registro detallado de los lugares clausurados, pero tras no recibir respuesta del gobierno municipal, decidió presentar un recurso ante la Alcaldía y una queja ante el Síndic.

El síndico ha emitido una resolución el 15 de diciembre, donde solicita al Ayuntamiento que entregue el listado completo y la ubicación de los apartamentos clausurados, en respuesta a la solicitud realizada el 5 de septiembre.

El defensor del pueblo valenciano subraya que el concejal que presentó la queja forma parte del Ayuntamiento y que la normativa vigente garantiza su derecho a obtener la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. "Si los representantes elegidos enfrentan obstáculos en el ejercicio de su labor, no solo se infringe su derecho a funcionar como tal, sino que se limita la participación ciudadana, un pilar esencial de nuestra democracia", señala.

En reacción a la resolución, Ferran Puchades, concejal de Compromís, expresó su satisfacción y recordó que, a pesar de la moratoria vigente, más de 1.200 nuevos apartamentos han sido inaugurados. "El control que dice ejercer Catalá se traduce en declaraciones vacías y anuncios sin sustancia", critica el edil, quien añade que la actitud del gobierno municipal es una "burla" a los representantes ciudadanos y a instituciones como el Síndic, afirmando que solo recibieron un correo vacío sin ningún listado.

Puchades comenta que, más tarde, la concejalía admitió no haber recopilado la información, alegando que sería un proceso minucioso que interfiere con el funcionamiento normal de sus servicios, sugiriendo que dar información a un concejal no es un deber administrativo esencial. Esto indica, según él, una falta de claridad en la cantidad y tipos de apartamentos que han sido clausurados.

El representante de Compromís subraya que las declaraciones de la alcaldesa carecían de respaldo objetivo, sugiriendo que sus afirmaciones sobre el cierre de más de mil apartamentos eran simplemente una estrategia publicitaria sin pruebas documentadas.

Finalmente, Puchades remarcó que el Síndic ha indicado que la alcaldesa debe proporcionar la información, afirmando que si la alcaldesa la tiene, igualmente debe estar disponible para el resto de los concejales de la corporación. "Conoceremos la veracidad de las afirmaciones de Catalá sobre su gestión en relación a los apartamentos turísticos. Aunque ha proclamado haber llevado a cabo numerosas inspecciones y sanciones, hasta ahora solo constan 28 multas y 34 expedientes cerrados en los registros municipales", concluyó.