El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esta decisión se basa en la apreciación de "indicios bastantes" que podrían sugerir la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Puente ha señalado que ha llegado a un punto en el que es imprescindible recabar autorización de la Cámara para avanzar en las investigaciones, dada la seriedad de los indicios que apuntan a la posible implicación de Ábalos en los hechos. Este proceso se lleva a cabo mediante un procedimiento formal que será remitido al presidente de la Sala Penal del Supremo para su correspondiente tramitación.

En un auto que ha sido recogido por Europa Press, el magistrado detalla que esta medida se toma tras la declaración del propio Ábalos, así como de su asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama. Puente ha examinado la documentación que han aportado, así como los resultados de intervenciones telefónicas y registros domiciliarios llevados a cabo por la Audiencia Nacional.

El magistrado afirma que existen elementos suficientes para considerar que Ábalos, al “prevalerse de su condición de ministro”, logró la adjudicación de varios contratos en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Estos contratos son especialmente relevantes en relación con la adquisición de diverso material sanitario, incluyendo mascarillas y equipos de protección.

Puente también sugiere que De Aldama, por su conexión personal con Ábalos y Koldo, habría tenido acceso a información privilegiada sobre las urgencias del momento, lo que facilitó una oferta que garantizaba la adjudicación de contratos a su favor, específicamente a la empresa Soluciones de Gestión. Además, el magistrado investiga otros contratos que podrían haber sido gestionados en condiciones similares durante el mismo periodo.

Koldo García desempeñaba un papel activo en la gestión de la contratación, lo que incluye la ocultación de pagos recibidos de la organización, en los cuales Ábalos también figuraba. Según las pruebas reunidas hasta el momento, se deduce que Ábalos podría haberse beneficiado de esos pagos ilegales a través de alquileres de una vivienda en Madrid, propiedad de la pareja de aquel, identificada con las siglas JRG.

En su declaración, Ábalos negó haber recibido a cambio alguna compensación económica relacionada con estos contratos de adquisición de material sanitario, así como con otros proyectos de obra pública. Sin embargo, el instructor ha confrontado su afirmación con los distintos documentos y declaraciones recopilados en el curso de la investigación, señalando que han surgido hechos que contradicen su versión.

Específicamente, Puente plantea que es plausible que ábalos haya obtenido beneficios económicos indirectos, incluyendo el pago del alquiler de la vivienda en cuestión. La defensa de Ábalos sostiene que la búsqueda de este alojamiento fue un favor personal realizado por Koldo, quien a su vez buscó asistencia de un amigo relacionado con De Aldama.

En lo que se refiere a otros beneficios, se ha mencionado el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa, donde Ábalos pasó un verano con su familia. Aunado a esto, se ha revelado un contrato que implicaba un piso en el Paseo de la Castellana, contradiciendo la declaración del exministro sobre el interés en la vivienda, aludiendo que había un 'okupa'.

Finalmente, el instructor ha elevado la cuestión del suplicatorio al presidente de la Sala Penal, subrayando que la inmunidad parlamentaria no debería ser entendida como un privilegio personal, sino como un mecanismo de protección para garantizar la correcta separación de poderes dentro del Estado. Con la aclamación del suplicatorio, Puente podrá proceder con las investigaciones respecto a Ábalos y tomar las medidas que estimes pertinentes, como un informe patrimonial.