24h Valencia.

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El tribunal rechaza trasladar el caso Erial a la Audiencia Nacional: "El delito clave tuvo lugar en Valencia"

El tribunal rechaza trasladar el caso Erial a la Audiencia Nacional:

En una sala de la Audiencia de Valencia, el abogado de Eduardo Zaplana, exministro con el PP y expresidente de la Generalitat Valenciana, ha solicitado que el caso Erial sea enjuiciado en la Audiencia Nacional, argumentando que en Valencia no se ha encontrado evidencia de blanqueo de capitales. Esta solicitud marca el inicio del juicio contra Zaplana y otras 14 personas por presuntamente cobrar más de 10 millones de euros en comisiones ilegales relacionadas con concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

El abogado, enfrentando una petición de 19 años de prisión para su cliente, ha enfatizado que los delitos presuntamente cometidos tuvieron lugar principalmente en el extranjero y por lo tanto, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional, citando ejemplos de casos similares como Gürtel, Púnica y Koldo que fueron tratados por dicho órgano en el pasado.

Se detallan los delitos que se imputan a Zaplana y se señala que el cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad se habrían emprendido en el extranjero, específicamente en Luxemburgo. El abogado argumenta que, en caso de encontrarse pruebas de blanqueo, estas estarían asociadas al extranjero y la Audiencia Nacional sería la instancia adecuada para su enjuiciamiento.

El fiscal se opone a la petición inicial, sosteniendo que la causa debe permanecer en Valencia dada la territorialidad de los crímenes. Argumenta que aunque los fondos puedan haber sido transferidos a Luxemburgo, la planificación y ejecución de los delitos tuvieron lugar en Valencia, por lo que la jurisdicción corresponde a la Audiencia local.

Finalmente, el tribunal decide en contra de trasladar el caso a la Audiencia Nacional, argumentando que el delito principal de cohecho se cometió en Valencia y los delitos accesorios están estrechamente relacionados. La decisión destaca la importancia de la ubicación geográfica de los crímenes en la determinación de la competencia judicial.