El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dado un paso significativo al proponer que se juzgue al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; al exasesor ministerial, Koldo García; y al empresario Víctor de Aldama. Esta decisión surge a raíz de presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de mascarillas adjudicados por el ministerio durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

En un auto emitido este lunes y que ha sido difundido por Europa Press, Puente ha solicitado a la Fiscalía y a las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, que en un plazo de diez días presenten sus alegaciones, tanto para el archivo del caso como para la formulación de acusaciones, así como cualquier diligencia adicional que consideren necesaria.

De acuerdo a la interpretación del magistrado, las acciones de los implicados podrían describirse como delitos de cohecho, pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Puente ha indicado que los tres investigados aparentemente se pusieron de acuerdo poco después de que Ábalos asumiera su cargo ministerial, buscando beneficiarse económicamente de contratos que se firmarían en el marco de la administración pública, aprovechando su influencia en dicha posición.

La decisión de Puente llega tras la segmentación del caso en septiembre, cuando optó por concentrar la investigación principal en los contratos de mascarillas y separar otro aspecto relacionado con cobros indebidos por obras públicas. En esa ocasión, el magistrado observó que la pesquisa sobre los contratos de mascarillas estaba avanzando rápidamente en comparación con la otra parte del caso.

El instructor ha afirmado que existen indicios sólidos de que De Aldama habría realizado aportes monetarios a Ábalos y García, con la intención de que estos llevaran a cabo acciones que contraviniesen sus deberes como funcionarios públicos.

Asimismo, se han presentado pruebas de que Ábalos y García recibieron esas compensaciones económicas como parte de un plan delictivo en el que estaban involucrados, advirtiendo que García pudo haber utilizado canales en República Dominicana para llevar a cabo algunas de estas transacciones.

Puente ha explicado que De Aldama, conocido por su capacidad para interceder en contratos con la administración, se encargaba de identificar a empresas o particulares dispuestos a aceptar pagos por servicios públicos, asegurando beneficios para sí mismo a través de estas negociaciones.

El magistrado también menciona que Koldo, aprovechando su papel como asesor cercano al ministro, realizaba las gestiones necesarias, reservando la intervención directa de Ábalos para momentos críticos donde su influencia era esencial.

ÁBALOS NO PODÍA IGNORAR LO QUE HACÍA KOLDO

Según el instructor, es improbable que Ábalos no estuviese al tanto de las actividades de Koldo, quien podría haber influido en la adquisición de mascarillas por parte del ministerio durante la pandemia a cambio de recibir compensaciones económicas inadecuadas del empresario.

Puente también destaca que De Aldama pudo haberse beneficiado de su relación con Ábalos y García para obtener información privilegiada que le permitió realizar una oferta favorable a su empresa en contextos de urgencia.

La oferta, promovida dentro del ámbito de las responsabilidades de Ábalos, fue aceptada por entidades como Puertos del Estado y Adif, quienes adquirieron millones de mascarillas, siendo Koldo el encargado de propiciar la aceptación de estas propuestas en beneficio de De Aldama, siempre con la aprobación del exministro.

El magistrado subraya que la elección de las empresas para estos contratos obedece a un análisis de su liquidez financiera, y señala que una orden ministerial del 20 de marzo de 2020, que contemplaba inicialmente la compra de cuatro millones de mascarillas, se duplicó tras la intervención de De Aldama, con el conocimiento de Ábalos y García.

Puente considera totalmente descartable que el exministro, quien ostentaba la capacidad decisoria en este proceso, desconociera o desaprobara las acciones de su asesor.

El instructor además ha incorporado en su análisis una "hoja de Excel" interceptada, que revelaba montos significativos asociados a la operación, sugiriendo que Ábalos podría haber reclamado un beneficio de dos millones de euros por la compra de mascarillas, y que García podría haber tenido pretensiones económicas de medio millón de euros.

VÍNCULOS Y FINANZAS COMPLICADAS

El magistrado también ha señalado la posible existencia de un acuerdo entre los tres investigados para perpetrar múltiples actos delictivos, destacando las correlaciones financieras inusuales entre Koldo y Ábalos, así como los descubrimientos de ingresos no justificados en sus respectivas investigaciones patrimoniales.

Puente ha puesto de relieve la conexión extravagante entre los patrimonios de ambos, recordando que Koldo habría asumido gastos que correspondían a Ábalos, sin que este último hubiera reintegrado ningún monto, según los reportes bancarios disponibles.

Se han traído a colación episodios adicionales como el alquiler de un piso para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; la contratación de personas en empresas públicas; y otras gestiones para asegurar beneficios a Air Europa y la empresa de hidrocarburos Villafuel, así como para la restructuración de deudas tributarias de De Aldama.