VALÈNCIA, 27 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tomado la decisión de desestimar la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra la jueza encargada de investigar la gestión de la devastadora dana que afectó a la región el 29 de octubre de 2024. La corte consideró que no había fundamentos suficientes para acusar a la magistrada de prevaricación o coacciones.

La resolución del tribunal, ya divulgada públicamente, se relaciona directamente con la queja del sindicato, que apuntaba a la jueza de Catarroja por un supuesto delito de prevaricación debido a dos autos emitidos por ella, así como un presunto acto de coacción.

Manos Limpias había objetado en particular sobre unos autos emitidos en mayo de 2025, en los que la magistrada limitó el derecho del sindicato a actuar en calidad de acusador y procedió a eliminar su representación en el caso.

El tribunal respaldó la decisión de la jueza, señalando que la limitación en la acción penal se debía a que el abogado de uno de los implicados también tenía vínculos con el mismo sindicato, lo que comprometería su imparcialidad como acusador.

A pesar de que Manos Limpias recurrió de manera justa la decisión, optó posteriormente por retirar dicha apelación, lo que llevó a que las resoluciones quedaran en firme. Esto fue considerado contradictorio por parte del TSJCV, que cuestionó cómo el sindicato podía pretender ahora llevar a juicio a la magistrada mientras había aceptado previamente su exclusión.

El tribunal enfatizó que las alegaciones presentadas por Manos Limpias, en vez de evidenciar alguna irregularidad por parte de la jueza, reflejaban una discrepancia con respecto a la dirección de la investigación.

En relación al supuesto delito de coacciones, el TSJCV también lo desestimó. Señaló que la jueza, en su papel como instructora, tenía todo el derecho a guiar el procedimiento y que no se había presentado evidencia de ninguna forma de violencia o coerción.

Adicionalmente, Manos Limpias había ampliado su querella argumentando que el esposo de la jueza, también magistrado, participó en la instrucción sin la debida habilitación. Sin embargo, el tribunal no encontró motivo para cuestionar que el marido visite o comparta su tiempo con la jueza en su lugar de trabajo, destacando la falta de pruebas de su participación activa en el caso.

Finalmente, el TSJCV subrayó que cualquier irregularidad que pudiese haber ocurrido en el proceso debería ser alegada en el marco legal correspondiente, y que tales cuestiones no tienen la relevancia penal que el sindicato busca atribuirles. Este punto se convirtió en un elemento clave en la determinación final del tribunal sobre la querella presentada.