VALÈNCIA, 31 de octubre.

La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha vuelto a dar la razón a la Conselleria de Educación al desestimar un recurso presentado por el sindicato UGT. Este recurso cuestionaba la orden que establece el procedimiento para que los representantes legales del alumnado puedan expresar su preferencia sobre la lengua de enseñanza que se implementará desde el curso escolar 2025-2026.

Este fallo se suma a una serie de criterios judiciales anteriores que han respaldado a la administración autonómica en su iniciativa de consulta lingüística. El TSJCV ya había desestimado otro recurso elaborado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana, lo que refuerza la posición de la Conselleria en este asunto.

Ignacio Martínez, director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, expresó que esta decisión judicial respalda la consulta sobre la lengua base que se llevó a cabo, la cual fue clave para la organización de las unidades educativas en el presente curso escolar.

Martínez subrayó la legalidad de la consulta realizada de forma telemática, afirmando que este procedimiento no solo es compatible con el ordenamiento jurídico, sino que también respeta la autonomía de los centros y las funciones del profesorado.

El director general resaltó la importancia de este nuevo fallo en el contexto de la libertad de elección de las familias respecto a la lengua de instrucción, algo que está contemplado en la Ley de Libertad Educativa. Desde su perspectiva, representa un revés para aquellos grupos que han intentado obstaculizar este derecho.

En su argumentación, el sindicato UGT planteaba cuestiones como la supuesta afectación a la autonomía pedagógica y derechos del profesorado, así como la forma telemática de la consulta y su posible contradicción con la cooficialidad lingüística. Sin embargo, el tribunal rechazó todas estas alegaciones, señalando que “ninguno de los motivos de impugnación merece favorable acogida”, y, además, condenó al sindicato en costas.

La consulta, que se realizara entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025, contó con la participación de 339.411 familias de la Comunitat Valenciana.

Martínez concluyó subrayando que el desarrollo de este proceso ha demostrado la capacidad de la sociedad valenciana para convivir armónicamente con ambas lenguas, resaltando que el 99,8% del alumnado de la región se encuentra cursando estudios en la lengua base elegida por sus familias.