En un contexto marcado por la creciente inquietud ciudadana, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha registrado, hasta la fecha de este jueves, un total de cinco acciones legales dirigidas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Estas acciones surgen tras la devastadora dana ocurrida el 29 de octubre, que, hasta ahora, ha dejado un luctuoso saldo provisional de 220 víctimas mortales y daños materiales que ascienden a cifras millonarias afectando a más de 80 municipios de la provincia de Valencia.

De las cinco acciones legales, cuatro están formalmente presentadas y a la espera de que la Sala determine su competencia y admita o desestime las solicitudes. La quinta acción es una querella interpuesta por un ciudadano particular que deberá ser completada con la presentación de un poder especial para poder avanzar, según la información proporcionada por el TSJCV.

Las acciones incluyen una querella presentada por la organización Iustitia Europa, así como una denuncia por parte del sindicato CGT ante la Fiscalía Provincial, la cual ha sido enviada al TSJCV tras el registro de la querella mencionada. Asimismo, hay dos denuncias de particulares, entre las cuales se encuentra una que apunta también a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. La última querella, aunque registrada, requiere complementos que impiden su progreso en este momento.

Adicionalmente, el alto tribunal valenciano tiene en trámite otro recurso presentado por un abogado mediante la vía contencioso-administrativa, que cuestiona la inacción tanto de la Presidencia de la Generalitat Valenciana como de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Este recurso ha sido admitido a trámite y se ha solicitado a la Administración demandada que proporcione los expedientes administrativos pertinentes.

En un desarrollo paralelo, otro recurso presentado por la organización Liberum, que solicitaba medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, fue declarado por la Sección Cuarta del TSJCV como no competente, dado que se dirigía contra el Gobierno central, por lo que el caso fue enviado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En el ámbito de la justicia penal, el TSJCV ha registrado, en primer lugar, una denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Agencia Valenciana de Emergencias. Esta denuncia, inicialmente asignada al Juzgado de Instrucción número 15, fue luego transferida al número 20, que había iniciado diligencias previas a raíz del fallecimiento de una persona en la capital durante las inundaciones.

El juzgado que finalmente asumió el caso ha rechazado la inhibición, considerándola "prematura" en este momento del proceso, y ha indicado que no se evidencia un "nexo causal" entre los hechos denunciados y el fallecimiento de un vecino del barrio de La Torre durante el evento natural.

Además, existe una querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que ha sido inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia por un defecto formal. En este caso, el TSJCV ha señalado que la querella no fue aceptada debido a la falta de un poder especial en la presentación, lo que constituye un defecto procesal que puede ser subsanado.