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El TSJCV ratifica la inocencia de Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados en el caso Alquería.

El TSJCV ratifica la inocencia de Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados en el caso Alquería.

VALÈNCIA, 14 Dic. - El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la absolución del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y los otros 13 acusados en el caso de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

Los magistrados han desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que exoneró a los acusados de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, según ha informado el tribunal valenciano.

La Audiencia Provincial absolvió a Rodríguez y a los otros 13 acusados al no encontrar ninguna actividad delictiva en relación con las contrataciones de altos directivos en Divalterra entre 2015 y 2018, supuestamente realizadas para beneficiar a personas afines a PSPV y Compromís. No se encontraron pruebas de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos ni falsificación de documentos.

El juicio por este caso comenzó en septiembre de 2022, casi cuatro años después del inicio de la investigación, y concluyó el 30 de noviembre. La causa se inició tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en respuesta a las denuncias previas de dos exdirectivos de Divalterra, que era una empresa pública dependiente de la Diputación y ya se encuentra disuelta.

En total, había 14 acusados en este proceso, incluido Rodríguez, quien siempre afirmó ser inocente. Rodríguez se enfrentaba a una posible condena de ocho años de prisión, que era la pena solicitada por las acusaciones -la Fiscalía, Acción Cívica y el PP-, mientras que su defensa pedía la absolución.

Las acusaciones también pedían ocho años de cárcel para Ricard Gallego, que era el jefe de gabinete de Rodríguez, y para el asesor Manuel Reguart, ambos por cooperación necesaria. Además, se solicitaban penas de prisión para los exgerentes de Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV), por prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial.

El fiscal también pedía seis años de cárcel para siete personas contratadas como cargos de alta dirección, uno por falsificación de documentos y cinco por malversación de fondos por cooperación necesaria. Asimismo, se pedían otros seis años de prisión para el abogado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.