En un impactante caso que ha sacudido la localidad de Benidorm, Alicante, la Policía Nacional ha arrestado a una empresaria de 54 años que se enfrenta a graves acusaciones de estafa, suplantación de identidad, falsificación de documentos y fraude en la obtención de subvenciones. Se le imputa la acción de cobrar ayudas económicas mediante la firma digital de una empleada, sin su autorización, para realizar trámites online a su nombre.

Según la información proporcionada por la Policía, la detenida habría explotado la inexperiencia de su víctima, quien apenas iniciaba su trayectoria laboral a los 19 años. Durante su periodo de trabajo, que comenzó en 2019 y culminó en septiembre de 2022, la joven nunca recibió los documentos laborales necesarios, como copia de su contrato o nómina, siendo la mayoría de sus pagos efectuados en efectivo por su jefa.

La situación dio un giro inesperado en agosto de 2024, cuando la empleada recibió una carta del organismo UMIVALE (SUMA) informándole sobre la concesión de una ayuda por cese de actividad, que le resultó completamente ajena. Intrigada por la situación, comenzó a investigar su estatus laboral y descubrió que esta no era la primera solicitud de ayuda presentada a su nombre, reconociendo que eran tres las ayudas solicitadas previamente.

A raíz de esta indagación, se percató de que los trámites habían sido efectuados por una asesoría vinculada a su primer contrato y que su firma digital se había utilizado sin su consentimiento. Al revisar los registros de la Agencia Tributaria y SUMA, se determinó que hasta seis ayudas, por un total que excedía los 15.000 euros, habían sido solicitadas entre 2020 y 2021, ingresando esos fondos en una cuenta desconocida para la afectada.

Los agentes del cuerpo policial se hicieron cargo de la investigación y encontraron evidencias que apuntaban a que todas las ayudas habían sido solicitadas telemáticamente usando la firma digital de la denunciante. La asesoría que había mediado en su contrato laboral estaba implicada en las solicitudes fraudulentas, lo que complicó aún más el caso.

Entre las ayudas solicitadas, se identificó una subvención de 300 euros de la Generalitat Valenciana, destinada a autónomos que habían visto afectadas sus actividades debido a la pandemia. Sin embargo, la cuenta que recibía estos fondos estaba registrada a nombre de la empresa donde trabajaba la joven, lo que reveló aún más irregularidades en el manejo de su situación laboral.

A través de la investigación se supo que, sin el conocimiento ni el consentimiento de la empleada, había sido dada de alta como autónoma durante su tiempo en la empresa. Esto permitió a la gerente eludir ciertas responsabilidades laborales, ahorrando en cotizaciones a la Seguridad Social y perjudicando a la joven, quien era considerada un 'falso autónomo'.

Presuntamente, la gerente se había beneficiado del conocimiento sobre las ayudas para autónomos en tiempos de pandemia y solicitó dichos fondos en nombre de la víctima, valiéndose de su firma digital obtenida de forma engañosa. Tras compilar suficientes pruebas, la Policía se desplazó al establecimiento donde fue arrestada la empresaria, quien ahora se enfrenta a la justicia por los delitos cometidos.

Simultáneamente, se ha pedido a la entidad bancaria involucrada que bloquee las cantidades percibidas de manera fraudulenta y se ha iniciado el proceso judicial correspondiente, dejando claro que aquellos que intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de otros no quedarán impunes.