En el inicio del juicio del conocido 'caso Ovaldos', celebrado este 16 de septiembre en la Audiencia de València, la defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General y familiar del exconseller del PP, Rafael Blasco, solicitado la anulación del caso en cuestión. La defensa argumentó que no existen pruebas suficientes y calificó el proceso como una "caza de brujas" que afecta a varias personas, muchas de las cuales ni siquiera están siendo investigadas o acusadas formalmente.

Durante la sesión de apertura, el abogado de Blasco tomó la palabra para expresar su oposición al procedimiento y las diligencias previas, alegando que éstas se habían llevado a cabo sin la existencia de pruebas concretas de un posible delito, refiriéndose a la falta de un relato claro de los hechos en la denuncia inicial.

El letrado enfatizó que el caso se basa en una querella presentada por EUPV que, a su juicio, no debería haberse aceptado. Según su argumento, el vínculo familiar de Blasco con Rafael Blasco no establece por sí solo un motivo para investigar y, por lo tanto, considera que el uso del apellido como un indicio es inaceptable y no tiene relevancia delictiva.

Además, criticó que la querella citara amistades en redes sociales como posible indicio de tráfico de influencias. "No hay nada ilícito en estas relaciones", insistió, refiriéndose también a menciones de personas condenadas que no tenían relación con las adjudicaciones en cuestión.

El abogado se mostró muy crítico con lo que considera un enfoque "pesquero" de los jueces, que a su juicio intentan indagar en aspectos de vida personal y patrimonial de personas que son inocentes, hablando de un descontrol en la incautación de documentos y en la gestión de la investigación.

En una línea similar, argumentó que la recopilación de información sobre los viajes personales y laborales de su cliente es una violación de su derecho a la intimidad. "Esos son datos personales que no deberían estar en este procedimiento", añadió, cuestionando la legalidad de tales intervenciones sin autorización judicial.

El abogado solicitó también que su cliente no tuviera que estar presente en todas las sesiones del juicio, argumentando que su trabajo actual al frente de un hospital en República Dominicana le imposibilita participar en un juicio que se extenderá hasta diciembre. Esta solicitud fue respaldada por otros abogados que coincidieron en la falta de evidencias concretas que sustenten el caso.

Los 11 acusados enfrentan serias imputaciones por delitos como malversación, prevaricación y cohecho, un proceso que data de la denuncia de EUPV ante la Fiscalía Anticorrupción. La investigación señala que Blasco había establecido un sistema de empresas que se beneficiarían de contratos públicos de manera ilegítima, a través de adjudicaciones a empresas de su círculo, que a su vez subcontrataban servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.

En concreto, la investigación sugiere que estos contratos, que presentan irregularidades, fueron otorgados a empresas dirigidas por personas cercanas a Sergio Blasco, quienes a su vez estaban entrelazadas, permitiendo así el flujo de dinero de manera que beneficiara a la organización. Los ingresos generados de estos contratos resultaban en comisiones que se redistribuían entre los miembros de la red.