La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha denunciado la falta de soluciones por parte del Consell y el Ayuntamiento de València ante el aumento de los desahucios.

VALÈNCIA, 12 Jun.

Tres madres que se enfrentan al desahucio de las viviendas donde residen con sus hijos menores en situación de 'okupación' en Valencia han expresado su frustración por la falta de respuesta de las administraciones para ayudarles a encontrar un hogar o a proporcionarles medidas como alquileres sociales. "No somos delincuentes", han defendido, explicando que se han visto obligadas a okupar inmuebles por la falta de alternativas.

A juicio de las madres, la falta de vivienda y no la okupación es el verdadero problema. Lola, Carmen y Vanesa, de 30, 35 y 28 años respectivamente, han narrado la difícil situación a la que se enfrentan en una rueda de prensa junto a representantes de la PAH.

"Solo quiero una vivienda que pueda pagar y que me permita alimentar a mis niñas, no pido más. No somos delincuentes", ha afirmado Lola, quien vive en València con sus dos hijas en una vivienda en la que residía en régimen de alquiler social que pasó a manos de un fondo buitre.

Esta joven se encuentra en situación de okupación, recibiendo una ayuda de 800 euros al mes que no le alcanza para un alquiler, y logró detener dos desahucios el pasado abril. Sin embargo, tiene pendiente el próximo para el 25 de junio, fecha en la que ha resaltado que sus hijas tendrán que estar presentes.

Ante esta situación, Lola ha criticado la falta de respuesta del Ayuntamiento de València y la EVha de la Generalitat, a pesar de estar registrada como demandante de vivienda desde 2017. "Ahora que realmente es una tragedia, porque me veo en la calle, me dicen que están evaluando y que no hay vivienda", ha lamentado, reivindicando: "No somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos igual que ustedes y todos. No soy una delincuente, estoy en esta situación y necesito ayuda".

Por su parte, Carmen se enfrenta a un desahucio el próximo 8 de julio en el piso de Torrent (Valencia) donde vive con sus tres hijos y su nieta desde hace un año. Acaba de finalizar su subsidio mensual de 480 euros, por lo que no tiene ingresos.

"Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta: fui a servicios sociales y me dijeron que no hay vivienda, también a la EVha y al Ayuntamiento y no me ofrecieron ninguna alternativa", ha explicado.

Vanesa, que vive en València con sus dos hijos menores y su esposo en un piso que okuparon hace tres años, también se encuentra en la misma situación. Se les pretende desahuciar el próximo 13 de julio de la vivienda propiedad de un fondo buitre extranjero.

Tampoco ha obtenido respuesta de las administraciones, ya que indicó que envió una solicitud de alquiler al Ayuntamiento y le dijeron que están evaluando su situación. "Llamas por teléfono y te dan largas, solo dicen que no hay pisos", ha mencionado.

Esta joven, que recibe una ayuda de 900 euros al mes, ha recordado la rapidez con la que se otorgaron viviendas a los afectados por el incendio de Campanar en febrero pasado: "No celebro el incendio, pero de la noche a la mañana aparecieron pisos".

Por parte de la PAH, su portavoz en València, José Luis González, ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se hayan producido 1.037 desahucios en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto representa un incremento del 2,67% respecto al mismo periodo de 2023, un aumento menor al nivel estatal del 12,8%.

"No son simples cifras, son personas", ha recordado, criticando a los bancos y los fondos buitres por su brutal ataque a quienes no pueden costear un alquiler, al Gobierno y partidos políticos por no tomar medidas contra la especulación, y a los jueces que ordenan desahucios sin ofrecer alternativas habitacionales.

El portavoz de la PAH también ha rechazado la idea de que la okupación sea el principal problema de la vivienda en España, argumentando que muchas familias okupan por necesidad o porque las expulsan al finalizar sus contratos de alquiler para convertir los inmuebles en viviendas turísticas.

Por todo esto, ha asegurado que la PAH continuará movilizando a la ciudadanía para evitar desahucios y presionar al Gobierno a priorizar el derecho a la vivienda por encima de todo, incluso por encima de los salarios si es necesario. "Que digan si realmente tienen la voluntad de plantar cara a los especuladores", ha desafiado.