Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, se verá obligado a presentarse ante los juzgados de Catarroja, en Valencia, para declarar sobre la devastadora riada conocida como dana, programada para el próximo 9 de enero a las 9.30 horas.

Esta citación proviene de la investigación que lleva a cabo la jueza de Catarroja, enfocada en la gestión de la trágica inundación ocurrida el 29 de octubre de 2024, que ha cobrado la vida de 230 personas en la provincia. En el marco de este procedimiento, dos exfuncionarios están bajo investigación: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

La decisión de llamar a Feijóo como testigo se tomó tras la solicitud de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que actúa como acusación particular. La jueza, en sus argumentos, mencionó que la información que Feijóo podría proporcionar es esencial, ya que podría aclarar los comentarios que el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo en relación con las conversaciones mantenidas con Pradas en el momento crítico de la inundación.

La magistrada también hizo referencia a un caso anterior, donde se citó a una periodista que había compartido una comida con Mazón. En ese contexto, se había argumentado que la falta de conocimiento sobre las declaraciones del entonces presidente era un hecho. En contraste, en el caso de Feijóo, se cuenta con testimonios más solidificados, como su declaración pública en la que afirmaba haber sido informado en tiempo real por el mandatario de la Generalitat.

En cuanto al careo, que se llevará a cabo entre Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón, está programado para el 12 de enero. Este encuentro judicial fue solicitado por la acusación popular, representada por Acció Cultural del País Valencià, después de que Cuenca indicara que los mensajes de WhatsApp presentados por Pradas estaban "descontextualizados".

La jueza destacó la importancia de este careo, subrayando que es fundamental evaluar la coherencia de las declaraciones de ambos en relación con las pruebas recopiladas en el proceso, lo cual se debe realizar en un entorno judicial para asegurar que se contrasten de manera efectiva las versiones y clarifiquen los puntos críticos de la investigación.