El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado una propuesta a la Generalitat Valenciana para iniciar un proceso de negociación en relación a la Ley autonómica de concordia. Según lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha fijado como plazo límite para aceptar o rechazar la propuesta el próximo lunes 30 de septiembre.

Desde el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres se argumenta que la ley 5/24 de la Generalitat Valenciana, al igual que la ley de Aragón, suspendida por el Tribunal Constitucional, está invadiendo competencias estatales, rompiendo consensos internacionales y no respetando la Constitución Española.

El Ministerio subraya que tras analizar la ley, se observan claras similitudes con la normativa de Aragón, que ya ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. Estas similitudes implican una derogación de un régimen jurídico autonómico anterior en materia de memoria democrática que estaba en línea con la legislación estatal y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se destaca que la ley de concordia afecta a competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. El concepto de víctima, el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición se ven comprometidos por esta ley.

Además, se señala una confrontación directa entre la Ley autonómica y la Ley de Memoria Democrática de 2022, así como un choque con principios del derecho internacional público en cuanto a los derechos de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas.

Por último, el Gobierno subraya que la Ley autonómica no respeta el artículo 10.2 de la Constitución, que establece que las normas sobre derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.