En una reciente declaración desde Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha revelado un ambicioso plan nacional destinado a brindar apoyo a las regiones golpeadas por la DANA, un fenómeno meteorológico devastador. Con una inversión inicial de 10.600 millones de euros, este plan está diseñado para evolucionar y adaptarse a las necesidades que surjan a medida que la situación se desarrolle.

El conjunto de medidas que se presenta incluye ayudas directas, así como diversas iniciativas fiscales y laborales que buscan mitigar el impacto de la catástrofe. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una nueva línea de avales, denominada ICO-DANA, que cuenta con un total de 5.000 millones de euros destinados a facilitar que pequeñas y medianas empresas, autónomos, e incluso familias, tengan acceso a créditos respaldados por el Gobierno, permitiéndoles así cubrir los gastos derivados de los daños causados por la emergencia.

Durante la rueda de prensa que tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Ministros, Sánchez enfatizó la importancia de estas ayudas, afirmando que los préstamos otorgados permitirán a las empresas reabrir sus puertas y a las familias recuperar sus hogares lo más pronto posible. Su objetivo es ofrecer un alivio inmediato a aquellos que han sido gravemente afectados.

Con el objetivo de implementar esta nueva línea de avales a la mayor brevedad posible, el presidente anunció que ya se están manteniendo conversaciones con las instituciones financieras, buscando que estas ayudas estén disponibles a partir de la próxima semana, un paso vital hacia la recuperación.

El Consejo de Ministros ha tomado medidas inmediatas al aprobar un primer paquete de 1.000 millones de euros, con proyecciones de expansión hasta alcanzar el total de 5.000 millones. Esto marca el inicio de un compromiso fuerte y sostenido con aquellos que necesitan apoyo en este momento crítico.

Además, el Consorcio de Compensación de Seguros ha anunciado que comenzará a procesar, desde mañana, las primeras indemnizaciones para las familias y empresas que han perdido sus vehículos. Estas compensaciones serán un 20% superiores al valor de tasación de los automóviles, buscando ofrecer un soporte adecuado a quienes han sufrido pérdidas significativas.

En el ámbito fiscal, el Gobierno también ha tomado decisiones para aliviar la carga tributaria sobre los contribuyentes valencianos, retrasando el segundo pago de la declaración del IRPF para quienes debían abonar impuestos, al tiempo que se implementan moratorias y exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas, y la tasa por la gestión de las bajas de vehículos. Estas medidas tienen como objetivo ofrecer un respiro financiero en momentos de crisis.